El abogado de Magrudis alega que no habría habido listeriosis si hubieran intervenido los servicios públicos

En el recurso referido a Sandro Marín, el letrado Hilario Aranda advierte de que la prisión provisional «no puede convertirse en una ejecución anticipada de la pena» y que su patrocinado actuaba como un mero comercial, porque «el propietario real» era su padre. Para corroborarlo, recuerda que la sociedad se constituyó en 2013, año en el que Sandro Marín «se marchó a estudiar al extranjero un primer año de Erasmus a Amsterdam y un segundo año a Londres». En su declaración judicial, «reconoce desconocer cuál es el protocolo a seguir en el caso de presencia de listeriosis en los productos» y «si tiene algún conocimiento sobre la empresa es porque su padre se lo ha contado, pero no tiene la capacidad de disponer ni de actuar».

Para justificar el hecho de que sus hijos figuraran como administradores de ambas sociedades, el abogado relata que, con anterioridad a Magrudis, tenía negocios dedicados a la venta de especialidades gourmet, que se vieron golpeados por la crisis, lo que le llevó a «perder todos sus bienes, incluida su vivienda habitual». Lejos de ser incumplidor, lo describe como «un luchador que intenta levantarse de una situación económica muy desfavorable y que ha intentado construir desde abajo una pequeña empresa que sería el futuro de la familia».

El letrado de Magrudis se apoya en las propias diligencias policiales, que apuntan a Marín Ponce como «cabecilla de la trama» y administrador «en la sombra». La juez imputa al padre e hijo mayor un supuesto delito contra la salud pública, tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave. El abogado Hilario Aranda alega que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de prueba y tampoco existe «alarma social» alguna que justifique la privación de libertad de padre e hijo.

En descargo de sus clientes, responsabiliza a la Junta y al Ayuntamiento de Sevilla, pues «de haberse producido la intervención de los servicios públicos de inspección y seguridad alimentaria en los momentos previstos legalmente en la normativa, el brote de listeriosis no se había producido». A este respecto, recuerda que Magrudis solicitó en diciembre de 2018 la licencia de obra y de actividad coincidiendo con la incorporación de la nave adyacente ante la necesidad de almacenar productos. Para ello se presenta una declaración voluntaria responsable .

Según la Ordenanza de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Sevilla , transcurridos tres meses desde la solicitud, la licencia se considera «obtenida definitivamente» por silencio administrativo. En resumen, Magrudis S.L.U. tenía licencia de actividad en vigor desde febrero de 2019, cinco meses antes de que estallara el brote, y tenía «preparadas sus instalaciones tanto urbanísticamente como de salubridad, para la inspección esperada conforme a la normativa» municipal. Sin embargo, « nunca recibieron la inspección preceptiva », aclara el abogado.

La defensa de Magrudis también culpa a la empresa Microal, que analizó la muestra de carne mechada que dio positivo en listeria en febrero y lo puso en conocimiento de la fábrica en dos ocasiones y luego del juzgado. Afirma que este laboratorio redactó el plan de autocontrol, le prestó «asesoramiento microbiológico» y «no hizo ninguna indicación ni a Magrudis ni comunicó nada a ninguna autoridad, salvo cuando la investigación ya estaba en marcha».

El gerente de Microal, Mariano Barroso , desmiente tal extremo y declaró a ABC que el plan fue validado por la Junta cuando Magrudis se dio de alta en 2015 en el Registro General de Sanidad, pero tras su entrada en funcionamiento no se hizo cargo de los análisis periódicos estipulados en el plan de autocontrol y no tiene firmado ningún contrato con Magrudis. Para este seguimiento, la fábrica recurrió a Laboratorio Biocontrol que, «como no tenía acreditación para hacer análisis», los subcontrató con otra empresa.