Junta y Gobierno fijan en 1.200 millones la deuda histórica con Andalucía

De esta forma, la cifra final (1.204, 41 millones de euros) en la que se cierra la 'deuda histórica' corresponde a una cantidad que se encuentra dentro de la horquilla marcada durante la negociación y aprobada en el Parlamento andaluz, que iba de los 1.148 millones de euros a los 1.748 millones.

Asimismo, la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado también ha cerrado el calendario de pago, que cumpliendo lo que estipula el Estatuto de Autonomía de Andalucía quedará liquidada antes del 20 de marzo del próximo año, a la vez que queda recogida la posibilidad de realizar adelantos a cuenta, como ha sucedido hasta el momento, pues ya se han anticipado 420,2 millones de euros a cuenta.

La reunión, que tenía como único punto del orden del día el cumplimiento de lo previsto en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía y que duró unos 40 minutos, estuvo presidida por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, y contó con la presencia en representación de Andalucía del viceconsejero segundo y consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán; la consejera de Gobernación, Clara Aguilera, y los viceconsejeros de los tres departamento del Gobierno andaluz.

Así, tras la reunión, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, calificó de "histórico" el acuerdo y advirtió de las dificultades que han existido a la hora de cerrar el acuerdo. "El trabajo ha sido difícil y complejo", concretó la ministra, que subrayó que hoy es un día "muy importante" para el Gobierno central y para los andaluces, puesto que "se ha cerrado un acuerdo y se ha cumplido con lo que marca el Estatuto de Autonomía de Andalucía".

De esta forma, Salgado se mostró convencida de que este acuerdo no llevará a otras comunidades a realizar una reivindicación semejante, ya que "no existe un caso similar en toda España, además, el Gobierno siempre ha dado muerta de cumplir todos los estatutos, en el que cada uno se concreta una fórmula". La ministra de Administraciones Públicas recordó que se cumplen los tiempos marcados en el Estatuto y que la metodología de pago también será la que recoge el texto estatutario y la que fue aprobada en el Congreso de los Diputados sin votos contrarios.

Un «viejo contencioso» Mientras, el viceconsejero segundo y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, mostró su satisfacción ante el acuerdo, ya que "ponemos punto y final a un viejo contencioso". Así, Griñán dejó claro que la cantidad acordada no es fruto de una "subasta o un capricho", sino de "un trabajo atendiendo al coste de los servicios". "Hemos tenido que realizar muchos cálculos y se trata de un resultado justificable en todos los puntos de España, ya que no es fruto de un capricho, sino consecuencia de la aplicación de una ley, que se viene abordando desde hace 12 años", aclaró.

"Hoy hemos obtenido el reconocimiento de un derecho que ha sido extensamente expuesto con datos, cifras y números", señaló Griñán, que aclaró que "no hemos obtenido nada a lo que no tuviéramos derecho". "El problema es que durante los ocho años del PP se castigó a Andalucía y no se reconoció nuestros derechos", apuntó el viceconsejero económico que reconoció que teme que "alguien pueda pensar que Andalucía está obteniendo un privilegio, cuando estamos obteniendo aquellos derechos que nos corresponden legal y estatutariamente". Griñán añadió que "cuando se reparan derechos, alguno, que no conoce la historia puede pensar lo que no es". "Nos han dado lo que nos corresponde, ni más ni menos", aseguró.

Griñán aclaró que en el acuerdo se deja abierta la posibilidad a recibir anticipos a cuenta, algo que ya ha sucedido hasta el momento. Así, el primer de ellos se acordó en febrero de 1996 y la Junta percibió 120, 2 millones de euros. El segundo anticipo, que se cifró en 300 millones de euros, fue

acordado por los gobiernos central y autonómico el 1 de octubre de 2007. El Consejo de Ministros aprobó el 28 de marzo de 2008 este adelanto, que se instrumentó como un anticipo de tesorería.