La Junta de Andalucía prevé hacer empleados públicos a 963 laborales de su macrofundación

Con su integración en el nuevo organismo, prevista en la disposición adicional segunda de la citada norma, casi un millar de laborales que se dedican a asesorar a emprendedores sobre la puesta en marcha de negocios, van a adquirir de forma automática la condición de empleados públicos , estatus del que hasta ahora carecían.

«El personal de la agencia se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público », reza el artículo 11 del anteproyecto, que, a renglón seguido, reconoce «el ejercicio de las potestades públicas». La nueva regulación también da carta blanca a la agencia para « disponer del personal directivo que sus estatutos determinen» atendiendo a «la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas», según el borrador de la ley que deberá validar el Parlamento andaluz. El PSOE, sin mayoría absoluta en la Cámara, necesitará el apoyo de Ciudadanos o de otro grupo para aprobarla.

Los 963 empleados se incorporarán a la agencia «de acuerdo con las normas de sucesión de empresas», sin necesidad de someterse a procesos selectivos adicionales. Sólo saldrían a convocatoria pública los nuevos contratos .

¿En que cambia la situación de estos laborales? Con el cambio legislativo, podrían ejercer tareas administrativas que desempeñan «de facto» bajo una regulación difusa, mediante las denominadas encomiendas de gestión o convenios , una fórmula cuestionada en sucesivas sentencias judiciales.

Para ejecutar dichos encargos, la Consejería de Economía y Conocimiento, a la que está adscrita la fundación, le inyecta cada año cuantiosas subvenciones que en su mayor parte (78%) se emplean en pagar las nóminas de su personal. Desde 2009 hasta junio de 2015, Andalucía Emprende ha recibido ayudas por 310,7 millones de euros para financiar gastos de estructura y planes de subvenciones para fomentar la cultura emprendedora.

El nuevo estatus de los trabajadores de la fundación pasó inadvertido en la presentación del anteproyecto que realizó hace justo una semana el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano , que puso el foco sobre las expectativas de la futura Ley de Emprendimiento solapando aspectos que pueden suscitar más polémica entre los funcionarios, relegados a los párrafos finales del texto .

De hecho, existe el polémico precedente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se integró en la agencia de régimen especial Servicio Andaluz de Empleo al amparo de la ley de reordenación o del «enchufismo» en el año 2011. Arellano destacó que entre 2017 y 2020 el nuevo anteproyecto impulsará la creación de 60.000 empresas y 72.000 empleos.

A lo largo de los 29 artículos que componen la norma no se explican las razones para liquidar la fundación actual, creada en 1999, y convertirla en una agencia . De hecho, las funciones que asumirá son las mismas, con pocos cambios, que ya establecen los estatutos de la fundación , que se resumen en la promoción de la cultura y actitud emprendedora.

Para ello cuenta con una red de 880 oficinas repartidas por todo el territorio andaluz y 215 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial atendidos por equipos «cualificados de especialistas», estructura que absorberá la agencia. Como novedad, se ampliará el servicio a empresarios que han fracasado en anteriores negocios, se fomentarán las cooperativas en el mundo rural y se creará el Portal del Emprendimiento .

El caudal de fondos públicos que recibe Andalucía Emprende causó asombro al juez de lo Social número 2 de Córdoba, Manuel Oteros. En una sentencia a favor del despido de un trabajador, el magistrado criticó «el dineral» que cuesta «al sufrido contribuyente» mantener un ente «ineficiente».