A la Junta no le sale la estrategia

Así lo ha aprobado la comisión de investigación de los cursos en una decisión que desmonta la estrategia del Gobierno andaluz en este sentido que ahora tendrá que recogerlos, devolverlos a la Consejería de Empleo y enviar a la comisión de investigación sólo la documentación más polémica y, además, digitalizada para facilitar su consulta. Así se ha cerrado una semana de tensiones y de un duro pulso, con la victoria de los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz en una votación que los socialistas califican de «ilegal», ya que ha roto el plan de trabajo de este órgano parlamentario.

Esta decisión echa por tierra la estrategia de la Junta de Andalucía en relación con este escándalo. El Gobierno andaluz lleva cinco meses retrasando la entrega de la documentación que habían demandado los grupos políticos para analizar si ha habido responsabilidad política o no en la concesión de subvenciones para organizar cursos de formación. Así, los diputados no han podido analizar los expedientes de concesión de cursos al entramado de empresas de Ángel Ojeda , ni cómo se gestionó el dinero para los extrabajadores de Delphi, ni tampoco conocer cómo era el funcionamiento interno de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Faffe, que está en el epicentro de las investigaciones judiciales por este presunto fraude.

Tras las reiteradas protestas de los diputados andaluces (excepto los del PSOE que defienden la actuación de la Junta a capa y espada), el presidente de la comisión, Julio Díaz (de Ciudadanos ) se mostró dispuesto a reclamar la documentación al Gobierno con la mayor medida de presión que tiene a su alcance, la petición de amparo al presidente del Parlamento . Pero no hizo falta porque el Gobierno cambió de estrategia y anunció que enviaría todos los expedientes originales hasta el Parlamento, lo que empezó a hacer hace una semana.

La previsión era que la Junta enviase unas 41.000 cajas con la documentación original, de las cuales ya había enviado unas 600 a la Cámara andaluza que la estaba almacenando en la llamada Sala de Usos Múltiples, sin un índice ni herramientas informáticas para su consulta. Hay que tener en cuenta, además, que los expedientes de cada curso de formación pueden estar compuestos por unos mil folios entre los que se incluyen las facturas de todos los conceptos, los partes de firmas de los alumnos a las distintas clases así como otra documentación. Una verdadera inundación de documentación que la hacía todavía más inaccesible.

La decisión tomada ayer por la comisión de investigación se ha llevado a cabo después de que Ciudadanos haya rectificado en su postura inicial. Si la diputada Marta Bosquet abogaba por esta solución, el presidente de la comisión, Julio Díaz , no quería devolver todos los documentos al Gobierno andaluz. Ayer todos votaron en este sentido menos el PSOE que trató de buscar una argucia para frenar este acuerdo.

Los grupos parlamentarios también han cedido en sus pretensiones. Todos (excepto Podemos que había demandado poca documentación) han recortado sus pretensiones iniciales y se conformarán con menos documentación de la pedida al principio de la comisión.