La Junta ignora los dos «avisos» del Ministerio sobre la reválida de Primaria

Durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento, Adelaida de la Calle manifestó que en los centros andaluces la evaluación se hará de forma individualizada y por sus propios docentes, mientras que el Ministerio ha establecido una «reválida segregadora» , realizada por personal externo. Según la consejera, esto no significa el incumplimiento de la Lomce, norma que en su opinión el Gobierno central impuso «sin diálogo ni consenso» y como «hecho consumado».

Sobre el segundo apercibimiento del Ministerio, recibido el martes, De la Calle explicó que ha sido remitido sin haberse leído el informe que le envió la Junta días atrás (en respuesta al primer requerimiento) en el que se detallan las fases en las que se desarrolla la evaluación. En su opinión, para el ministro Íñigo Méndez de Vigo «deben existir pecados mortales y pecados veniales» porque el tratamiento a las comunidades ha sido distinto en función de unos territorios y otros.

La consejera esgrimió argumentos pedagógicos, organizativos, económicos y jurídicos para rechazar las pruebas finales de Primaria planteadas por el Gobierno central que, según De la Calle «no se trata de ninguna evaluación sino de unos exámenes finales que dan al traste con la evaluación continua, global y orientadora que debe darse en esta etapa educativa».

María Esperanza Carazo (PP) afeó a la consejera que «no le guste la evaluación, salvo las que controlan y manipulan» , de ahí –dijo– que los docentes pongan en «cuestión» las de la Junta. Por Podemos, Libertad Benítez denunció el «caos y la sobrecarga» de trabajo en los centros por la aplicación de la Lomce en el tránsito de Primaria a Secundaria, al tiempo que cuestionó la oposición de la Junta a esta norma «dictatorial» del Gobierno con la que la Administración andaluza ha sido «cómplice».

Marta Escrivá, de Ciudadanos, consideró que la reválida «nos guste o no hay que cumplirla, como hay que cumplir» la Ley hasta que se decida que hay que cambiarla, de ahí –resaltó– el requerimiento» del Ministerio.

El portavoz de IU, Antonio Maíllo, acusó al Gobierno central de «romper» la cultura de la evaluación. Y Adela Segura (PSOE), defendió las competencias autonómicas en el apartado educativo.