La Junta crea puestos a medida para sus 1.118 empleados sin funciones

Como aclara en la norma interna, el personal laboral propio incluye a los 1.118 trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que fueron integrados por la agencia 2011 como empleados públicos al amparo de la ley de reordenación del sector público , rechazada por los funcionarios. Como publicó ABC, sus salarios y cuotas a la Seguridad Social cuestan a las arcas públicas en torno a 32 millones de euros al año.

En este nutrido colectivo se incluyen también los ex agentes locales de promoción de empleo que han ganado pleitos contra la Administración por sus despidos nulos. Al no tener trabajos para ellos, se han dado casos en que la Administración ha estado pagándoles un sueldo sin pisar siquiera la oficina.

En la instrucción a la que ha tenido acceso ABC, el director gerente reconoce la dificultad para reasignar tareas a los ex Faffe, así como al antiguo personal adscrito a los 95 consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) extinguidos por el Consejo de Gobierno de la Junta en 2010. «Los convenios colectivos (trece en total) que regulan las relaciones jurídicas del personal laboral propio de esta agencia SAE no recogen procedimientos de cobertura con carácter provisional de puestos de trabajo», asegura en su resolución. Actualmente, el personal laboral se distribuye por distintos centros directivos y oficinas de la agencia.

¿Qué funciones van a realizar de forma provisional estos trabajadores? Las primeras convocatorias ya están en publicadas en la Intranet del SAE . Amparándose en la citada instrucción, la coordinadora de Planificación y Desarrollo Normativo del SAE, Clara Carmona, ha ofertado cuatro puestos de técnicos pensados para este personal laboral propio. Su principal cometido será realizar informes por encargo.

La CSIF, sindicato mayoritario de la función pública andaluza , está en contra de este sistema. El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF, Enrique Álvarez de Toledo , advierte de que el SAE «está intentando dar una solución» a esos 1.118 trabajadores fuera de catálogo y «se ve claramente que intenta darles unas postestades públicas que no pueden llevar a cabo este personal propio y que sólo pueden ser desempeñadas por funcionarios ».

Según la citada convocatoria, sus nuevas funciones abarcan «la elaboración de informes sobre proposiciones parlamentarias relativas al empleo en Andalucía, estudios sobre el impacto económico de las medidas de fomento de empleo adoptadas por el Gobierno de Andalucía y su eficiencia como instrumentos de lucha contra el paro y estudios e informes sobre las necesidades de la Formación Profesional en Andalucía y su relación con las actividades productivas».