La Junta contrata más personal para su administración paralela mientras reduce el número de funcionarios

Mientras las consejerías y agencias administrativas continuaron perdiendo efectivos en el último ejercicio fiscalizado, pasando de 240.675 a 238.255 empleados, entre funcionarios, interinos, laborales y eventuales , las entidades instrumentales tomaron el camino inverso. La extensa red de empresas, fundaciones y consorcios que componen la denominada administración paralela contaba en 2014 con 23.692 empleados. Son 159 más de los que figuraban en la cuenta general de 2013 publicada por el mismo organismo (23.553) y suponen un desembolso adicional de 5,4 millones de euros. Mientras 24 sociedades reducen su plantilla en 244 empleados, otras quince las aumentan en 549 .

Sin ser un incremento notable, sí confirma el ascenso experimentado de los últimos años y contrasta con el recrudecimiento de los recortes. En 2014 había 247 trabajadores más en los entes satélites que en 2012. Para calibrar este dato hay que ponerlo en contraste con la evolución de los funcionarios de carrera , que han accedido a una plaza en la Administración general (educación, sanidad y justicia, principalmente) tras superar unas oposiciones. Eran 110.112 en el año 2014, frente a los 113.018 que había un año antes. Es decir, se han perdido 2.906 puestos de funcionarios en la Junta en un año. El mayor descenso corresponde al personal docente en los centros públicos. El parón de las ofertas públicas de empleo ha provocado la pérdida de 2.551 puestos de trabajo en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que aglutina por sí sola casi el 44% de la partida total de personal.

Los gastos de personal de la administración paralela costaron a la Junta de Andalucía 884,21 millones de euros en 2014, según los datos aportados por la Junta al órgano fiscalizador, distribuidos de la siguiente manera: 775,24 millones para pagar los costes laborales de los 20.149 empleados de las sociedades públicas; 101,77 millones para mantener a 3.361 trabajadores en fundaciones y 7,2 millones para los 182 asalariados de los consorcios.

La entrada en vigor de la Ley de Reordenación de la Administración andaluza, rebautizada como «ley del enchufismo» , supuso el incremento de 1.821 empleados en su solo año, según alertó la Cámara en su informe de 2011, dato que fue rebatido por la Junta.