El nuevo gobierno quiere tener en 45 días la auditoría de «todo lo que está bajo sospecha» en la Junta

Las primeras decisiones que adoptará el máximo órgano ejecutivo de la Junta de Andalucía serán el encargo de una auditoría a personal público y la bonificación máxima del impuesto de sucesiones y donaciones , dos de las 90 medidas recogidas en el acuerdo firmado por PP y Ciudadanos que van a compartir el gobierno. Además, espera nombrar a la mayoría de nuevos viceconsejeros y designar al portavoz del gobierno en dicha reunión en Antequera.

Respecto a la auditoría, Moreno no quiere que «suponga un gasto extra añadido», porque «las propias instituciones tienen capacidad para hacerlo», en alusión a la Cámara de Cuentas de Andalucía , ha explicado Moreno en una rueda de prensa donde ha avanzado la composición de su ejecutivo.

El presidente de la Junta quiere que la auditoría se haga de manera rápida. De hecho, prevé « en un mes y medio puede tener auditoría de los órganos instrumentales y empresas públicas». Es decir, el primer diagnóstico se centraría en la llamada administración paralela, en las «zonas donde hay más sombras» y que han sido objeto de «investigaciones judiciales y un menoscabo de fondos públicos». Es decir, «todo lo que está bajo la sospecha de ineficacia para saber en qué estado se encuentra». En todo caso, indicó que «la auditoría llegará a todas las consejerías».

No hay un plazo definido para crear la Oficina de Lucha Contra el Fraude , otra de las medidas recogidas en el acuerdo del PP y Cs. En este sentido, ha asegurado que dependerá de los informes de carácter técnico administrativo previos que se están haciendo, con lo que es difícil que esta entidad se pueda crear antes de un mes.