La Junta de Andalucía teme el coste de la paz sanitaria de Granada

Cuanto más se esforzó el Gobierno andaluz por relacionar la guerra de «Spiriman» con intereses políticos partidistas, cuanto más ponía el foco sobre el singular personaje para distorsionarlo, más asumía la Junta de Andalucía el papel de villano, más renunciaba a defender su modelo de gestión y más identificaba al doctor Candel como referente de las reivindicaciones de los ciudadanos y profesisonales, sujetos claves del verdadero éxito de la protesta. Se apostó por el pulso, confiando en que las clásicas recetas de dividir al adversario o desviar la atención serían suficientes, pero el resultado es inédito: una cascada de dimisiones de altos cargos y un acuerdo con cesiones totales que ni siquiera garantiza que la crisis sanitaria haya terminado.

Si Susana Díaz hubiera repasado su discurso de investidura del 4 de mayo de 2015, cuando prometió «solemnemente»ante todos los andaluces gobernar «desde el diálogo y el acuerdo», se hubiera evitado esta brecha en la línea de flotación de su Gobierno en el peor momento para sus intereses políticos particulares. Una cosa es proclamar la nueva política y otra ejercerla.

Taponada la vía de agua en Granada, el problema para el Gobierno andaluz es que todo lo ocurrido haya demostrado que el camino de la calle, cuando trasciende al populismo partidista , es la mejor forma de resolver los conflictos, frente a una Administración que peca de inmovilista y prepotente. Mucha soberbia por cuanto construyó una realidad virtual sobre los nulos efectos de los recortes inducidos por la criris económicas en los servicios básicos andaluces que se le ha vuelto en contra y porque no ha sabido admitir su error.

La Junta teme ahora que se le abran nuevos y diversos frentes y que no pueda asumir ni política ni económicamente los compromisos que realice para acallar las protestas, algo que a la larga puede ser letal porque pondría en evidencia que su estrategia responde a una urgencia política que pronto se identificaría con la actual encrucijada de la presidenta de la Junta como potencial aspirante a la Secretaría General del PSOE.

La incógnita es si la crisis sanitaria y su paz granadina será excepción o precedente.

De momento nada hace pensar que el acuerdo alcanzado en Granada con las plataformas ciudadanas y profesionales acabe con la crisis sanitaria. Spiriman ha gestionado bien la victoria enterrando el hacha de guerra tras la firma del compromiso, pero advierte que estará vigilante para asegurar su cumplimiento. Este miércoles el Parlamento andaluz celebrará pleno monográfico sanitario y el listado de asuntos pendientes es amplio. La oposición podría unirse para desbloquear algunos asuntos y exigirá el cumplimiento de todas y cada una de las promesas que ha hecho la Consejería de Salud durante los seis meses de conflicto provincia a provincia . La Junta anunció el fin de la fusión de hospitales, es decir frena la reforma sanitaria en la que viene trabajando desde hace una década sin que se haya explicado cómo será el modelo alternativo. La prioridad era Granada pero hay otras provincias con problemas incluso mayores, como es el caso de Huelva, a la que no se da el mismo trato, pesar de los compromisos del consejero Aquilino Alonso .

Huelva , donde el conflicto sanitario se aborda ya en términos de «deuda histórica» y «discriminación» exige la derogación por escrito de la fusión de sus dos hospitales, que ya se trató el viernes en la mesa sectorial de Sanidad, pero también la proyección de un hospital maternal y una larga lista de mejoras que equilibre su reconocido déficit en infraestructura y servicios sanitarios. Sólo en hospitales, Almería reclama las obras del materno infantil; Jaén, el mantenimiento del hospital Doctor Sagaz; Málaga , su tercer hospital; Córdoba, la ampliación y mejora del Reina Sofía, y Sevilla la reapertura del Hospital Militar. Es una lista de pretensiones imposible de ajustar en el presupuesto a medio plazo cuando la Consejería recupera a duras penas proyectos parados hace casi una década. Se insite en el error: La estrategia de prometer tiene las patitas cortas.

Prueba del respeto que provoca ahora la movilización ciudadana en el Gobierno andaluz es la rápida respuesta de Educación a la protesta de los colegios concertados. En pocos días, la consejera Adelaida de la Calle rebajó el tono y se reunió con una de las patronales de enseñanza concertada y la mediación de Ciudadanos. Por la mañana 400 colegios habían sacado a los niños a la calle como un adelanto de lo que se le viene encima a la Junta. Al día siguiente ABCdaba cuneta de la propuesta oficial de cierre de 23 unidades, pero al menos menos no se le puede reprochar a la consejera que no intentara atajar a tiempo el incendio. Otra cosa es lo que pase con los rescoldos. De la Calle tiene, además, otros frentes que pueden derivar en protestas y que ya se hacen oír en las redes sociales, como los afectados por el retraso en la resolución de las becas o los docentes que esperan la convocatoria de las oposiciones mientras el sector sigue sufriendo problemas derivados de la falta de sustituciones. Repetir muchas veces que se crearán 2.300 plazas docentes o 3.100 sanitarias sin desbloquear las oposiciones empieza a generar más malestar que expectativas.

Otro asunto que ha calado en la opinión pública es el del impuesto de sucesiones , por el que los andaluces son los que más pagan en España. En algunos casos con diferencias del mil por mil con otras comunidades. El PSOE se negó a bajar el impuesto a pesar de las presiones de Ciudadanos que decidió pactar con los socialistas medidas paliativas antes que apoyar la propuesta del PP de bajarlo al mínimo . Hoy el asunto corre como la pólvora por los medios de comunicación y a pocos deja indiferente. Mantener que la culpa es ajena a la Junta ya no vale como discurso oficial. Pero todo indica que el cambio de rumbo que pide la calle no es asumible en los presupuestos con la actual gestión de la Junta.

Otro falco sensible para un Gobierno que se dice volcado en los social es gestionar adecuadamente los fondos destinados a dependencia. La Junta recurre a culpar al Estado de los problemas de financiación , pero ya las tuvo con los padres de la atención temprana. Ahora la presidenta anuncia un inminente plan de choque para agilizar el pago de ayudas a personas que están reconocidas como dedependientes y que no reciben ayudas. Díaz anuncia que de 187.000 beneficiarios se pasará a cubrir la demanda de 230.000 . Con esos números más de cincuenta mil andaluces dependientes seguirán sin recibir ayudas. Yseguro que las reclamarán.