La Junta de Andalucía da tareas de funcionarios a «enchufados» de una fundación que estaban «mano sobre mano»

En su denuncia, el sindicato se refiere a los 1.118 extrabajadores de esta fundación, liquidada en 2011, que ha vuelto a aparecer en los telediarios tras la denuncia del PP de que un exdirectivo utilizó una «tarjeta black» en un club de alterne . Precisamente, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla está investigado, entre otras cosas, las irregularidades en la contratación de estos trabajadores, dentro de una pieza separada del caso Formación.

En su escrito, la CSIF también menciona a agentes de los 95 consocios de empleo denominados Utedlt (Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local), que fueron disueltos en septiembre de 2012. Por sentencia judicial, el SAE se vio obligado a reincorporar a 700.

La denuncia del CSIF, a la que ha tenido acceso ABC, advierte de que dichos trabajadores, «sin respetarse los principios de igualdad, mérito y capacidad y con la vulneración del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, están desempeñando funciones que conllevan el ejercicio de potestades administrativas ». En concreto, el sindicato asegura que en varios servicios de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, situada en la calle Leornardo Da Vinci de Sevilla, este personal laboral está llevando a cabo tareas administrativas como «la tramitación y concesión de subvenciones, ejercicio y funciones de intervención y pago».

Para realizar estos trabajos, el personal de la antigua fundación tiene acceso a programas «cuya utilización está reservada» a los funcionarios de la Junta de Andalucía, como las aplicaciones informáticas Júpiter o Giro. En el escrito dirigido al máximo responsable del SAE, agencia adscrita a la Consejería de Empleo, la CSIF alerta de que « se está desviando trabajo propio del personal funcionario hacia este personal de catálogo que no está legitimado para ello». «Esto también está ocurriendo en los servicios de Intervención y de Tesorería».

Sobre este asunto hay abundante jurisprudencia. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo del 26 de marzo de 2014 determinó que sólo los funcionarios pueden realizar tareas administrativas.

El Defensor del Pueblo Andaluz también emitó una resolución mediante la que recomendaba al SAE que hiciera una «delimitación de las funciones que se desempeñan» sus trabajadores teniendo en cuenta que «aquellas que tengan connotaciones de autoridad quedarían reservadas a la función pública». En su misiva, la CSIF avisa de que adoptará las «medidas oportunas en el caso de persistir esta situación».

El encaje de trabajadores de la llamada administración paralela se ha convertido en un quebradero de cabeza para la Junta. « No se puede permitir que haya personal cobrando y mano sobre mano ». El entonces portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, justificaba así en abril de 2016 la pretensión de la Junta de Andalucía de asignar alguna dedicación laboral a estos 1.800 trabajadores en total.

El Servicio Andaluz de Empleo todavía no ha encontrado una solución definitiva a este problema. A finales del pasado año, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, anunció que su catálogo de puestos de trabajo iba a estar listo en el primer semestre de 2018 .

La dificultad reside en que al no ser funcionarios, carecen de potestades públicas. Los antiguos empleados de Faffe fueron subrogados por la agencia que gestiona las oficinas del paro en Andalucía al amparo de la ley de reordenación del sector público. La CSIF, que fue muy crítica con este proceso, denunció entonces «un desembarco masivo de enchufados» en el SAE.