La Junta de Andalucía da tareas a los 1.500 empleados de la Faffe once años después

Así lo confirma un informe del departamento que dirige Rocío Blanco en el que se analiza la situación, planificación y «ordenación de recursos humanos» del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En el mismo se señala que la agencia de colocación pública tiene hasta 14 convenios diferentes «procedentes de la integración de diferentes colectivos laborales desde 2011». Se refiere, entre otros, a los trabajadores de la Faffe que acabaron como empleados del SAE.

Estos trabajadores, que cuestan al año hasta 30 millones de euros y sobre los que siempre ha sobrevolado la etiqueta de 'enchufados', tendrán, si la propuesta del informe sale adelante, una lista de trabajos a desarrollar. Hasta ahora no estaban tipificadas en ninguna parte, señalan desde la Consejería de Empleo y, aunque algunos sí realizaban tareas, fuentes de la Junta reconocen que había otros «mano sobre mano» y sin actividad.

Además, explican en Empleo, el SAE va a llevar a cabo un proceso de estabilización de las plazas para reducir la temporalidad. Es decir, se va a proceder a un proceso de selección de personal para el que los responsables de la Consejería de Empleo descartan una fase de oposición.

De esta forma, el acceso a un puesto fijo en el SAE pasará a ser, previsiblemente, solo mediante un concurso de méritos. Es lo que marca la ley del Gobierno central que busca reducir la temporalidad en la administración en cumplimiento, a su vez, de la normativa europea.

Destacan desde Empleo que las plazas saldrán a concurso «sin nombre y apellidos», es decir, abiertas para que opte a ellas cualquier ciudadano. Esto significa que «se podrán presentar quienes las están ocupando, teniendo que superar el proceso selectivo correspondiente» y cualquier ciudadano de la calle aunque, si es solo un concurso de méritos, las opciones para alguien que no trabaja ya para la administración son mínimas.

En todo caso, subrayan en Empleo, «lo más que podrían conseguir» los laborales que ocupan ahora mismo esos puestos de trabajo tras el proceso de selección «es una plaza fija como personal laboral de la agencia, pero nunca como funcionarios».

Destaca el informe de Empleo que el SAE tiene 3.365 trabajadores. De esos, solo 804 son funcionarios, el 23 por ciento del total. Del resto, 253 son laborales del VI convenio y 1.940, «personal laboral propio». Esta última categoría es donde están los empleados de la Faffe y asimilados. Es decir, casi seis de cada diez empleados del Servicio Andaluz de Empleo vienen de la extinta fundación y espacios similares.

Según el documento, en el SAE hay «un panorama muy judicializado agravado por el conflicto que deriva de la interpretación que se hace de las potestades públicas», es decir, qué es tarea exclusiva de un funcionario y qué otras puede desempeñar el personal laboral.

Desde Empleo razonan que «en ocasiones se identifican como potestades públicas actuaciones para las que no existe ninguna dificultad en que la desarrollen proveedores externos» como se hace en otras agencias públicas de la Junta, añaden. Es lo que quieren hacer en el SAE para poner fin a un problema heredado del anterior Gobierno del PSOE, que integró a este personal en el SAE. Luego, las sentencias judiciales que han ido ganando una tras otras los trabajadores y que les da derecho a ser personal de Empleo acabó de apuntalar el problema.

Explican desde el departamento que dirige Rocío Blanco que el plan de reordenación del SAE busca dar solución al problema de la falta de tareas del personal 'heredado'. Sin embargo, hay quien ve en esta estrategia una forma de asentar a trabajadores que no entraron a través de unas oposiciones. Es el caso del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), quienes señalan que «el Gobierno del cambio maniobra» con este plan «para atribuir potestades públicas al personal Faffe pese a reconocer que cualquiera puede ser un enchufado».

El Gobierno andaluz, entonces en manos del PSOE, creó en 2003 la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe). En ella entraron cientos de trabajadores. Cuando en 2011 el entonces presidente andaluz, José Antonio Griñán , condenado por el caso de los ERE fraudulentos, decidió su cierre, mantuvo en nónima a sus empleados, integrándolos en el SAE.

La Faffe se ha visto salpicada por varios escándalos de corrupción: uno de sus directivos va a ser juzgado por el gastó dinero público en un club de alterne de Sevilla. Además, en ella entraron a trabajar personas muy cercanas al PSOE como es la mujer del actual líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Un atestado de la Guardia Civil señaló que en nómina de la Faffe había hasta 200 personas con vínculos con el PSOE y los sindicatos, algunas «con tareas improductivas».