La Junta de Andalucía suprime la Agencia de Evaluación de Educación

Lo que ya se ha producido ha sido el cese del alto cargo que la dirigía y su salida, más la reducción del ente administrativo, supondrá un ahorro anual de unos 500.000 euros . El sueldo de la directora gerente de este organismo era de 74.000 euros anuales.

En esta agencia trabajan 25 personas, de las que 13 son docentes, once son personal externo y la directora general que ha cesado. Los docentes volverán a sus plazas y está por ver qué pasará con el personal externo.

Las funciones que realizaba este ente de la llamada administración paralela pasarán a realizarlas los inspectores de Educación, que eran el cuerpo que se encargaba de la inspección educativa antes de crear esta agencia. Para ello se ha creado la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, que dirige Aurora María Auxiliadora Morales Martín, que es orientadora e inspectora de Educación, por lo que conoce el trabajo que se le ha encomendado.

Desde esta dirección general se realizarán además las pruebas de diagnóstico que se hacen a los alumnos, así como las que exige el informe PISA que promueve la OCDE . Las pruebas de evaluación se seguirán haciendo ya que así están establecidas en la ley. También hay control del profesorado y del trabajo que realizan los centros educativos, con especial seguimiento a los que llevan a cabo programas de excelencia.

Esta agencia está rodeada de polémica desde su creación en el año 2009 ya que su objetivo fue contrarrestar el tono gris que tenía la dirección de la inspección educativa, con poca iniciativa y control por parte de los inspectores. Sus detractores la calificaban como un «chiringuito» político donde dar cabida a afines al PSOE.

Su presupuesto también ha sido polémico. En los años de bonanza económica, la Agencia de Evaluación de Educación llegó a contar con 4,3 millones de euros para los programas de evaluación. Con la crisis, esta cuantía presupuestaria se redujo un 40% y fue este recorte el que arguyó el entonces consejero de Educación, Luciano Alonso, para no realizar en el curso 2013/14 las Pruebas de Evaluación Educativa que solía llevar a cabo la Junta como elemento para mejorar la educación y detectar fallos, y proponer mejoras. Pero qué casualidad que justo el año en el que la Ley Wert obligaba a hacer estas pruebas de evaluación fue el único en el que la Junta no la realizóa Junta.