La Junta de Andalucía resucita la asociación público-privada para relanzar inversiones

En este momento solo hay en marcha una obra bajo esta fórmula:el proyecto del Puerto de Carboneras (una inversión de 40 millones de euros). En paralelo, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, anunció que en el futuro plan de infraestructuras para Andalucía se potenciaría este tipo de figuras de colaboración.

Las circunstancias de la crisis del Covid 19 han reforzado esta tendencia . «Hay que analizar muy bien todas aquellas iniciativas que tengan sentido, sean viables y no requieran un excesivo gasto público añadido, como es el caso de infraestructuras de riego que puedan ir con cargo a los propios usuarios, o donde la retribución sea mixta, con una parte sufragada por el Presupuesto y otra por la propia explotación de la infraestructura», inciden las fuentes.

¿Qué potencial hay para desarrollar este tipo de fórmulas? La compañía de ingeniería Sener ha realizado un estudio para la patronal de la construcción Seopan en el que estima que en Andalucía hay 112 proyectos que podrían realizarse bajo este esquema y moverían unos 20.000 millones de euros. Aunque los más reconocidos por la sociedad (y los más costosos) suelen ser carreteras, líneas ferroviarias y metros, esta firma señala que existen oportunidades en obras para la gestión del agua, como modernización de regadíos y depuradoras (que suman más de 1.700 millones), así como el tratamientos de residuos (1.846 millones) y nodos logísticos (77 millones).

«Este tipo de fórmulas son imprescindibles ahora que el país debe atender el creciente gasto de la agenda social», según indica Julián Núñez, presidente de Seopan , que recuerda que «la inversión privada en infraestructuras no altera la titularidad pública de los activos». Añade que «el sector es consciente de que se debe revisar y modernizar gran parte de la regulación concesional ».

Aunque las administraciones apenas tengan margen presupuestario, la economía atraviesa un momento de bajos tipos de interés de una política monetaria expansiva que garantiza la financiación de muchos de estos proyectos. «Con un buen escenario regulatorio, que preserve el interés público, se pueden poner en marcha planes de colaboración público-privada», subraya Núñez.

¿Qué pasos ha dado ya el Gobierno andaluz? Uno de los primeros objetivos es modificar la regulación, para lo que buscará el acuerdo entre otras comunidades y el Gobierno de España. Esta semana el consejero de Hacienda, Juan Bravo, le ha propuesto en una misiva a la ministra María Jesús Montero una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. En este momento las asociaciones público-privadas están paradas porque la normativa es muy rígida a la hora de establecer que rentabilidad debe tener cada proyecto , que está además muy asociada al coste de la deuda pública. «Los tipos están muy bajos, con lo cual la rentabilidad no sale, y además la regulación no prevé la mejora de la rentabilidad en relación al nivel de riesgo de cada proyectos, así que la realidad es que los inversores no muestran interés y, en consecuencia, los proyectos de asociación público privadas están parados en todo el país». Con una orden del Ministerio de Hacienda se puede resolver la cuestión y ayudar a la reactivación del modelo.

El primer objetivo es que la Consejería de Hacienda colabore a articular el marco adecuado para canalizar proyectos y, a partir de ahí, deben ser las diferentes consejerías del Gobierno las que identifiquen oportunidades que sean susceptibles de promoverse a corto y medio plazo con inversión privada.

En la puesta en marcha de un equipamiento de uso público, como una ciudad de la Justicia, el sistema como tal no es más barato (en este caso hay un precedente en funcionamiento en Córdoba). «Si la administración se endeuda y construye el edificio con sus propios medios el proyecto final puede ser más económico, pero ese esfuerzo sencillamente no se va a poder realizar hasta que no se digiera el coste de la nueva crisis;la clave de esta fórmula radica en que el riesgo de la inversión se transfiere al privado, que debe cumplir además de manera muy rigurosa los plazos, y se acelera así la puesta en marcha».

La clave reside en que será urgente animar inversiones cuánto antes para garantizar que la recuperación del PIB tras la crisis del Covid-19 llega pronto. Aunque hay iniciativas que han demonizado esta fórmula, como las fallidas autopistas radiales de Madrid, «estas malas experiencias deben ayudar a ser más realistas en el cálculo del uso mínimo y el coste que debe tener cada infraestructura».

Para la recepción y análisis de esas propuestas que lleguen del sector privado, se ha reforzado la Oficina de Evaluación de Proyectos , «que tendrá en cuenta el beneficio económico y social, el coste y viabilidad económica, así como su respeto al medio ambiente». En el seno de la Junta de Andalucía han constatado que existe un enorme interés de compañías internacionales por invertir en el Sur de España. «La situación ahora va a ser sin duda muy complicada, pero en la mayoría de los casos se trata de proyectos a muy largo plazo que necesariamente no deben verse afectados por la crisis actual, con lo cual necesitamos fortalecer la imagen de estabilidad, seguridad jurídica y rigor presupuestario de la comunidad autónoma para mantener el interés de estos grupos», concluyen las fuentes.