La Junta de Andalucía renuncia a dar trabajo de funcionario a mil empleados de su macrofundación

Este cambio de personalidad jurídica no es un mero retoque cosmético. Significaba colocar «de facto» en este nuevo ente instrumental, mediante un proceso de subrogación, a los 963 laborales que actualmente trabajan en los distintos centros que la fundación pública tiene repartidos por toda la geografía andaluza, personal que se dedica, en su mayoría, a asesorar a emprendedores sobre los trámites necesarios para abrir negocios.

El departamento que dirige el exrector de la Universidad de Sevilla Antonio Ramírez de Arellano renuncia ahora a esta pretensión y a otra aún más polémica recogida en el artículo 11 del anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de marzo . En concreto, aborta la posibilidad de que estos empleados puedan ejercer «potestades públicas», unos cometidos que están reservados «exclusivamente» a los funcionarios, como estipula el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Esta cuestión quedaba difusa y ambigua en la redacción del borrador que ahora ha sido corregido. La Ley de la Administración de la Junta de Andalucía contempla « el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas» al personal de las agencias empresariales que conforman la «Administración paralela».

En su comparecencia ante la prensa para explicar las líneas maestras de la nueva ley, Ramírez de Arellano olvidó mencionar este cambio de criterio. Fue después, a preguntas expresas de ABC, cuando el responsable de la cartera de Economía en el Gobierno de Susana Díaz reconoció que había descartado de momento la conversión de la Fundación Andalucía Emprende en agencia. «Nos planteamos la transformación en agencia; es una opción que tiene sobre la mesa el Parlamento per o no la he incluido como tal en el proyecto de ley », admitió. Poco antes, respondía al otro punto controvertido matizando que los laborales de la fundación «no necesitan potestades públicas porque no conceden subvenciones sino que prestan servicios».

Se ignora cómo se han plasmado estas modificaciones. El proyecto de ley remitido al Parlamento no está publicado en el Portal de la Transparencia ni en la web que difunde los acuerdos del Consejo de Gobierno, más allá del resumen entregado a los periodistas que tampoco menciona cambio alguno respecto al anteproyecto.La idea es que sea la propia Consejería la que coordine la ley, toda vez que la fundación tiene prohibido ejercer potestades reservadas a los funcionarios.

En esta rectificación de la Consejería han podido pesar las críticas que el Ejecutivo ha tenido que escuchar después de aprobar su texto inicial, procedentes del colectivo de funcionarios y de la oposición, que tiene que dar el visto bueno al texto. El PSOE carece de mayoría absoluta en la Cámara autonómica para aprobarlo. Muy beligerante fue el Sindicato Andaluz de Funcionarios, cuyo presidente, Carlos Sánchez, calificó de «aberración legal y barbaridad» la posibilidad de que los empleados de la fundación pudieran intervenir en la gestión de subvenciones, incentivos o créditos para financiar proyectos empresariales.

En su presentación de la ley, valiéndose de un power point, Ramírez de Arellano destacó que el proyecto de ley había tenido «un pronunciamiento muy positivo del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Andalucía ».

El primero de ellos, sin embargo, como informó ABC,advirtió de «una posible duplicidad de competencias en materia de empresas» entre la Fundación Andalucía Emprenda y la Agencia IDEA , organismo que depende de la Consejería de Empleo. «No existe una duplicidad de funciones», zanjó el consejero, quien argumentó que otras consejerías como Agricultura o Turismo tienen líneas de apoyo a emprendedores y «no existe ningún problema ni conflicto».

La nueva norma prevé servicios dirigidos a conectar emprendedores e investigación, impulsar iniciativas nacidas en las universidades y potenciar el emprendimiento en el ámbito rural y la economía colaborativa o social.

Ciudadanos celebró que la ley, recogida en su pacto de investidura con el PSOE, «salga del cajón» de la Junta . El presidente del PP, Juanma Moreno, aseguró que con esta norma trata de tapar el «vacío» del Consejo de Gobierno. Antonio Maíllo (IU) acusó al Gobierno de tener «visión de derechas» porque «contrapone el derecho al trabajo con el derecho al emprendimiento».