«La Junta de Andalucía pretende vender la burra con la Oficina contra la Corrupción»

«La Junta de Andalucía pretende "vender la burra" , dicho coloquialmente, con tal de dar cumplimiento lo antes posible al punto 14 del acuerdo firmado para la investidura de Susana Díaz como presidenta, entre el PSOE y Ciudadanos», sostienen.

Lejos de constituir un acicate, los denunciantes, algunos de ellos funcionarios de la Administración autonómica, consideran que el nuevo instrumento contra la corrupción « supondría un peligro para los denunciantes de corrupción ».

Critican que desde la futura oficina se va a «informar sobre cualquier hecho relevante de que tenga conocimiento relacionado con su ámbito de competencia, a los órganos competentes para que, en su caso, ejerzan las iniciativas que les corresponda, es decir, poniendo en alerta a posibles corruptos sobre sus denunciantes ». Su protección, a su juicio, no está garantizada.

Entre los nueve firmantes del documento se encuentran el funcionario Luis Escribano, que se negó a acatar las órdenes del director general Juan Manuel Fernández Ortega, un ex senador y ex alcalde socialista que estaría «favoreciendo» a municipios gobernados por el PSOE en Granada. También está Roberto Macías Chávez, el administrativo despedido por la federación andaluza de UGT para el que el sindicato pide una condena de cuatro años de cárcel, bajo la acusación de haber destapado la supuesta doble contabilidad interna y el presunto fraude de las facturas falsas que investiga un juzgado de Sevilla .

Estos nueve denunciantes de irregularidades consideran que la medida autonómica « carece de los elementos imprescindibles para su elaboración y diseño , y tampoco incorpora ningún «plan integral de lucha contra al corrupción». Además, critican la falta de recursos materiales y humanosy la duplicidad de funciones ya atribuidas a otros órganos internos y externos de la Junta.

Esgrimen que, además, que la medida «nace corrupta antes de su adopción, pues entre otros motivos, no garantiza la debida independencia y autonomía funcional del órgano adminitrativo que crea. Cuestionan, asimismo, su « mínima objetividad e imparcialidad » dada «la ausencia de regulación en la selección y provisión de funcionarios para ocupar los puestos de la Oficina, que queda en manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la cual puede ser objeto de denuncias y de investigación».