La Junta de Andalucía pone en desventaja a los hombres en las oposiciones

En realidad esas medidas de «acción positiva» no son una novedad en Andalucía y se aplicaban desde el año 2015 en los cuerpos sanitarios. Ya entonces la idea levantó ampollas, puesto que precisamente en las plantillas de Medicina y de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud (SAS) hay más mujeres que hombres ejerciendo.

Desde el sindicato de Enfermería Satse explican que en su profesión son un 75 por ciento las mujeres que ejercen en Andalucía por un 25 por ciento de hombres. Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) apuntan en la misma dirección: en la comunidad hay más doctoras que doctores trabajando en el SAS actualmente.

La cuestión es que ahora el Ejecutivo que preside Susana Díaz -en funciones- quiere ampliar a la administración general esta ventaja a las mujeres que para que consigan puestos de funcionarias. Desde la Consejería de Hacienda explican que se hará cumpliendo los principios de «mérito y capacidad». Omiten la tercera condición que debe regir por norma cualquier proceso de acceso a la función pública: la igualdad .

Así, el Gobierno andaluz hablaba cuando presentó esta normativa de «medidas de acción positiva donde mujeres u hombres estén especialmente infrarepresentados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad ».

Sin embargo, cuando este periódico preguntó a la Consejería de Economía por esta medida, el principio de igualdad fue el primer «caído» en esta batalla de sexos. Desapareció de la respuesta remitida a ABC de Sevilla sobre la aplicación de estas medidas de «discriminación positiva» que se aplicarán, dicen desde la Junta, «una vez acreditado el mérito y capacidad» de los aspirantes a un puesto de funcionario en la administración andaluza .

La segunda «víctima» de estas condiciones de acceso a la función pública son los hombres, que desaparecen también de la explicación de la medida. De hecho, desde la Consejería se hace hincapié en que son medidas encaminadas a los ámbitos donde hay «infrarepresentación de mujeres» . Curiosamente el Estatuto de los Trabajadores recoge en el artículo 17.4 que «en igualdad de condiciones de idoneidad tengan preferencia para ser contratadas las personas de sexo menos representado ». El texto hace referencia a hombres y mujeres. No así la norma que quiere poner en marcha la Junta de Andalucía.

En todo caso esta medida, explican desde la Junta, está encaminada a mejorar la presencia de mujeres en cuerpos «donde hay infrarepresentación». Pero no donde los hombres sean minoría . Las cuentas son fáciles. Si donde hay menos mujeres se prima su acceso y en el resto de los cuerpos de la Junta de Andalucía ya hay más mujeres , el cómputo global es mayoría femenina en toda la administración autonómica.

Las categorías donde habría que aplicar estas medidas «correctoras» serían, indican desde la Junta, en el caso de «oficiales, peones, en las ingenierías superiores y técnicas , fundamentalmente».

Desde la Consejería de Economía reconocen, como denuncian los sindicatos, que las «medidas de acción positiva» funcionan ya en los procesos de personal funcionario en el SAS y en la Oferta de Empleo Público (OPE) extraordinaria de 2017 . «Ahora lo que se ha aprobado -indican- es ampliarlo a la Administración General».

Entre los argumentos de la Junta de Andalucía para defender esta discriminación positiva está la sentencia del Tribunal de Justicia europeo que indica que «una acción encaminada a promover prioritariamente a las candidatas femeninas en los sectores de la función pública en los que se encuentra infrarepresentadas debe considerarse compatible con el Derecho comunitario ».

Pero la sentencia tiene más contenido que la Junta de Andalucía obvia: Todo lo anterior es válido, dice la Justicia europea, siempre que las medidas tomadas para mejorar la presencia de mujeres en la administración pública «no conceda de modo automático e incondicional preferencia a las candidaturas femeninas que tengan cualificación igual a las de sus competidores masculinos siempre que «las candidaturas sean objeto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta las situaciones particulares de naturaleza personal de todos los candidatos».

Europa no es el único actor en contra de esta medida de la Junta de Andalucía. Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) se muestran en contra de que sean cuestiones no objetivas como el sexo de los aspirantes a funcionarios lo que determine quién gana unas oposiciones.

« El género no debe contar en ningún caso . No es un dato objetivo y por lo tanto no puede ser determinante», indica Carlos Sánchez, presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), quien además recuerda que el 70 por ciento de quienes aprueban las oposiciones son ya mujeres «de más de 40 años».

Otros sindicatos se muestran neutros ante esta decisión de la Junta. Es el caso de Csif, que explica que «es la Ley y lo respetamos».

De momento desde la Consejería de Hacienda no han desvelado cómo piensan desarrollar esta normativa . Pero los sindicatos advierten de que estarán vigilantes ante cualquier norma que suponga una discriminación o que se salte los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir cualquier proceso de selección de la administración.