El Gobierno andaluz niega apoyo a la juez que investiga las irregularidades en su gestión de fondos europeos

La investigación, que se inició a petición de la Fiscalía Anticorrupción, analiza presuntos delitos de malversación y prevaricación. La juez titular, Beatriz González, ha pedido a la Consejería de Justicia e Interior, refuerzos para hacer su trabajo. Pero la Junta no ha atendido de momento su demanda. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en mayo, la juez había solicitado contar con un funcionario más y que se le enviara un escáner para poder preparar la documentación.

Desde la consejería que tiene las competencias en esta materia informaron a ABC de que la Delegación de Gobierno en Sevilla recibió en junio la petición oficial del juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla de un funcionario de Auxilio Judicial. Sin embargo, de momento han desoído su demanda. Lo justifican así: «Analizadas las distintas peticiones recibidas, se estimó por parte de la Secretaría General Provincial de Sevilla la necesidad de priorizar otras peticiones de refuerzos sobre las realizadas por dicho juzgado». La situación del juzgado que investiga los fondos Jeremie se prolongará al menos hasta enero, fecha en la que se volverán a analizar las peticiones de refuerzos, que son autorizados cada trimestre.

El juzgado rastrea el destino de ayudas europeas repartidas entre empresas entre 2007 y 2013. La Fiscalía puso el foco en la gestión de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) . Esta empresa, propiedad de la agencia autonómica IDEA (la «caja pagadora» de los ERE irregulares), ejerció de intermediaria financiera en operaciones del fondo Jeremie que ascendieron a 185 millones. Otros 50 millones fueron gestionados por Invercaria, cuya matriz también es la agencia IDEA. Al hilo del caso Invercaria, la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) detectó irregularidades en la gestión de este programa, dotado de 235 millones de euros de los que 165 procedían de fondos Feder de la Unión Europea (UE). El punto de partida fue una investigación de ayudas de Invercaria a la productora Kandor Graphics para hacer una película de animación. El juez de Instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la pieza relativa a los préstamos de 1,5 millones concedidos a Kandor Graphics.