La Junta de Andalucía estudia cómo dar más tareas a los empleados de la administración paralela

La idea de esta consejería es que, ya que esos empleados públicos están dentro de la Junta, y mientras analiza de quiénes podrá prescindir, hay que darles tareas . Y, entre esas tareas, podría estar el uso de programas informáticos que, hasta ahora, se presuponían reservados sólo para los funcionarios.

Es el caso de Hermes , una aplicación del SAE que se usa para el servicio de intermediación laboral. Es decir, para casar parados y ofertas de empleo y que implica el acceso a datos privados de los andaluces, entre otras cuestiones.

Según denuncian desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el uso de esta herramienta es parte de las atribuciones que la norma reserva a los funcionarios de carrera . Ningún trabajador subrogado desde fundación o empresa pública al SAE debería poder usarlo, argumentan.

Desde Presidencia no lo tienen tan claro y quieren estudiar si ese programa entra dentro de las atribuciones funcionariales o no . Si está reservado para quienes han ganado su plaza por oposición, retirarán esta función a todos los empleados del SAE que no sean funcionarios. Y, si no lo es, su objetivo es darles acceso a todos los empleados del SAE, hayan entrado por oposición o por sentencia judicial desde la administración paralela, explican en la Junta.

Al hilo de esta cuestión, desde la Secretaría General de Función Pública están también replanteando desde cero la estructura de los empleados que trabajan para la administración andaluza . Desde su forma de acceso hasta su retribución. Sobre el primer punto, plantean que los jóvenes no aprueban las oposiciones y quedan plazas vacantes. «Las oposiciones no están pensadas para quienes hoy salen de estudiar un grado y un máster. Además, los sueldos tampoco son atractivos en las partes más altas de la administración», explican fuentes de la Junta.

En el pico de su carrera, un funcionario puede cobrar unos 2.800 euros. Puede parecer mucho, explican desde la administración, pero para ingenieros, abogados o economistas, eso es más bien un sueldo medio, no uno de trabajador senior. Por eso quieren analizar si la retribución de los empleados públicos debería darse por objetivos, además de la base actual.

En este repensar cómo debe ser la administración andaluza del futuro, una de las cuestiones que se plantean desde la Junta es que «no todos los empleados públicos tienen que ser funcionarios», señalan fuentes internas. Abren así la puerta a que parte de los trabajadores de la Junta puedan ser externos o tener otras relaciones laborales distintas de la de funcionario. «Además se plantear las postestades de los funcionarios queremos repensarlo todo para adaptar la Junta de Andalucía al siglo XXI», explican.

En todo caso, señalan quienes están al tanto de este proceso de reorganización del sector público, cualquier medida que se tome será «a futuro». Nada de quitar privilegios funcionariales o prescindir de ellos.