La Junta de Andalucía duplica en un año los fondos europeos justificados y reduce el riesgo de perderlos

Las inversiones certificadas representan más del doble de lo justificado ante Bruselas anualmente por el Gobierno anterior del PSOE, unos 378 millones de media desde el inicio del marco actual , según se desprende del informe presentado en el Consejo de Gobierno por el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco (Ciudadanos).

Andalucía tiene asignado para dicho horizonte un montante de 8.015 millones de euros mediante cuatro programas operativos regionales y de carácter plurirregional: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con una partida de 3.734 millones; el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), con una cuantía de 2.445 millones; el Fondo Social Europeo (FSE), con un presupuesto de 1.653 millones, y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, con 183 millones.

Desde que empezó a rodar el marco financiero actual hasta diciembre de 2018, la Junta de Andalucía tan solo había certificado de ese importe ante la Comisión Europea una cuantía de unos 1.513 millones . Esto se sitúa en torno al 19% del presupuesto global y supone una media anual de justificación de 378,3 millones, frente a los 1.003,6 millones certificados durante el pasado ejercicio.

Velasco, que ha felicitado a su equipo de la Consejería y funcionarios por la velocidad de crucero adquirida en la justificación de estos fondos, destaca que a 31 de diciembre de 2019 Andalucía ha superado incluso los objetivos en un 109,1% . La certificación acumulada a finales del pasado año se sitúa ya en más de 2.500 millones de euros. El consejero ha calificado de «lamentable» la gestión del anterior Ejecutivo, que amenazaba con la pérdida de estos fondos.

La gestión de estos fondos se acoge a la regla de gasto N+3, en virtud de la cual su justificación o certificación, que es la fase final para recibir el dinero de Europa, puede prolongarse hasta tres años después de haber finalizado el marco 2014-2020 . Por tanto, la comunidad tiene de plazo hasta 2023 para certificar el conjunto de los recursos que restan por gestionar.