La Junta de Andalucía disparó su déficit un 26% en el último año del mandato de Susana Díaz

La Cámara de Cuentas no se anda por las ramas y cataloga este desajuste presupuestario como un «incumplimiento». No es un asunto baladí. El déficit excesivo, heredado del ejercicio de 2018 , ha causado daños colaterales al nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos. La ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero , le ha exigido un plan de ajuste por el desvío del presupuesto que ella elaboró cuando era consejera andaluza de Hacienda y que fue prorrogado durante unos meses por el nuevo Ejecutivo.

A finales del pasado año, el ministerio, con su titular en funciones, comunicó a la Consejería de Hacienda que no podría salir a refinanciar su deuda en el mercado , obligándola a acogerse al Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), el mecanismo extraordinario de financiación del Estado. La razón es que la comunidad había superado en unas décimas el límite de déficit de 2018.

El Ejecutivo andaluz se tomó la decisión como una «intervención» del Gobierno, una restricción que le impedía sacar adelante operaciones de crédito, a largo plazo y bajo interés, como tenía previsto el consejero de Hacienda, Juan Bravo . El ministerio negó la «intervención» y el déficit heredado. En una carta enviada en octubre por la secretaria de Estado de Hacienda a Bravo, argumentó que se había detectado un desvío en Andalucía de 151 millones en el ejercicio 2018, pero «con posterioridad al mes de abril» de 2019. Juanma Moreno fue investido presidente en enero de ese año, tras 37 años de gobiernos socialistas .

En paralelo, la Junta llevará a los tribunales al Gobierno de Pedro Sánchez para reclamarle los 537 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017 que no ha recibido la comunidad. Este año, Andalucía ha recibido 75 millones de euros menos de entregas a cuenta y, en 2019, ese recorte fue de 52 millones.

En su radiografía del ejercicio presupuestario de 2018, la Cámara de Cuentas enumera 22 incumplimientos más. Sostiene que «se ha incumplido tanto la regla de gasto, presentando una tasa de variación del gasto computable del 5,8% frente al límite del 2,4% fijado, como el objetivo de deuda pública». La regla de gasto es un instrumento presupuestario que impide a las administraciones elevar el gasto más de lo que crece la economía.

Para la Cámara, la deuda de las obras del Metro de Sevilla ha tenido «repercusión» en las cuentas de la Junta. Se trata de 358 millones de euros que, según Protocolo de Déficit Excesivo, se han imputado al déficit de 2018.

La Junta de Andalucía justificó el déficit por que ha tenido que hacer frente a dos sentencias judiciales con un importe conjunto muy significativo, 327,5 millones de euros. Una de las sentencias se derivaba de la concesión con la empresa del Metro de Sevilla.

En el conjunto del Estado, la Junta no sale bien parada. Todas las comunidades cumplieron el objetivo de déficit al cierre de 2018, «excepto Andalucía, Murcia y Valencia » que alcanzaron desajustes superiores al tope fijado.