La Junta de Andalucía contrata a expertos para reestructurar su «administración paralela»

La reestructuración afecta a 20 agencias de régimen especial y empresariales, 18 fundaciones y 16 sociedades mercantiles que manejan en su conjunto 5.358,82 millones de euros de fondos públicos y dan empleo a 31.945 personas, merced a la documentación consultada por los nueve despachos profesionales que han presentado ofertas.

Según el pliego de condiciones técnicas publicado por la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, la consultora especializada que le asesore en el proceso detallará el «dimensionamiento de las entidades existentes » y «adecuación de las que se mantengan o reestructuren, así como el estudio de alternativas sobre las posibles repercusiones de dicha reestructuración en el personal afectado».

La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Junta un equipo de trabajo integrado por doce expertos y bajo la coordinación de un responsable con experiencia en consultoría estratégica y de recursos humanos. En este grupo multidisciplinar habrá especialistas en los ámbitos fiscal, mercantil, laboral y de Derecho Público y Administrativo . Además, se constituirá una oficina técnica encargada de la implantación y «monitorización» del plan de reordenación.

El impacto que tenga en los casi 32.000 empleados que, según el anexo del concurso, trabajan en estos organismos, es uno de los aspectos más peliaguados de la reforma. El Gobierno quiere abordarlo con pies de plomo para evitar que la extinción de entes instrumentales y el traspaso de personal a otros organismos desemboque en un conflicto laboral y en un torrente de recursos judiciales. Previendo que esto pueda ocurrir, la Junta busca el asesoramiento de expertos en Derecho Laboral sobre «las reclamaciones que se pudieran formular por los trabajadores» contra la Administración o «expedientes de extinción de las relaciones laborales, en caso de haberlas».

También especifica el pliego que requerirá su opinión cualificada si se estima «necesario integrar a personal de los entes instrumentales en la Administración General de la Junta», en el caso de que el resultado de las auditorías operativas y del plan de implantación así lo recomendase. Si fuera necesario, este grupo de especialistas también prestará apoyo al Gabinete Jurídico de la Junta « cuando se incoen procedimientos judiciales derivados de la reubicación , modificación o extinción de puestos de trabajo».

Dicha oficina estará bajo la supervisión de la secretaría general para la Administración Pública, Ana Vielba Gómez, y de un responsable de la Consejería de Regeneración, que dirige Juan Marín, y contará con miembros de todos los departamentos.

Ana Vielba explicó a ABC que «en la Junta de Andalucía no sobra ni falta nadie, sino que se trata de ordenar el sector público para ver qué sociedades se necesitan, si son eficientes o si hay que optar por otro modelo». «Se trata de que la gente que se quede esté a pleno rendimiento porque ahora hay personal que no puede trabajar, ya sea porque no tiene potestades administrativas, o porque las agencias a las que está adscrito han dejado de tener los objetivos para las que se crearon, mientras los empleados de otras agencias están hasta arriba». «Si no sobra nadie, esos empleados pueden ser trasladados a otros organismos donde sí hagan falta», puntualiza la secretaria general.

Durante casi cuatro décadas de gobiernos ininterrumpidos, el PSOE creó una gran cantidad de agencias, consorcios, observatorios y empresas públicas donde tuvieron cabida personas allegadas a los que las crearon y desarrollaron, a menudo a través de procesos de contratación opacos, sin observar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública.

Dos años después, el Gobierno ha liquidado consorcios sin trabajadores y ha sido Vox el que ha impuesto desde fuera del Gobierno la realización de auditorías para acometer la reducción del sector público autonómico. Se han puesto en marcha algunas fusiones como la denominada Agencia Trade —que aglutinará a la Agencia IDEA, Agencia Andaluza del Conocimiento , Extenda y la Fundación Andalucía Emprende—, o la Agencia Digital andaluza, que integrará todos los servicios tecnológicos de la Junta.

Ana Vielba recordó que la reducción del tamaño de la «administración paralela» para hacerla más eficiente y eliminar duplicidades fue un compromiso electoral. Los despidos de personal son la última opción que baraja el Gobierno andaluz, que prefiere una solución pactada con los sindicatos.

La mesa técnica de laConsejería de la Presidencia se reunirá este lunes para adjudicar el contrato de asesoramiento. Por este encargo pujan empresas auditoras de primer nivel como P, entre otros. La oferta más económica de las nueve presentadas ha partido de la UTE formada por Accenture SL y Cremades & Calvo-Sotelo Abogados SLP. Si se adjudica la próxima semana, como está previsto, los trabajos podrían comenzar a finales de abril. El informe final de la ejecución del plan de actuaciones se entregará en el año 2022, pero durante este año la consultora deberá presentar sus propuestas estratégicas para reorganizar cada entidad. «No queremos correr y sí hacer un plan lo más consensuado posible», subrayó la secretaria general.