La Junta dio 420.000 euros de los ERE a los dueños de Novomag para pagar una deuda con la Seguridad Social

Los cincos acusados eran trabajadores de la sucursal de Magefesa en la Línea de la Concepción , que tras su cierre en la década de los noventa decidieron crear la sociedad anónima laboral Industrias Domésticas Inoxidables del Sur ( Idisur ) para continuar con la actividad de una de «las industrias más importantes» en este municipio, donde la única salida «es el contrabando» , según uno de los acusados.

A cambio de que estos trabajadores que se convirtieron en socios de Idisur renegasen de sus indemnizaciones salariales por el cierre de la sucursal de Magefesa el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que después se convirtió en agencia IDEA , le concedió las instalaciones de la empresa y la maquinaria. Pero en los primeros años de la década del 2000, Idisur cesó su actividad, con deudas «considerables».

No obstante, el consejo de administración, del que formaban parte los cinco acusados, continuaba en funcionamiento. Con «varios inversores» interesados en nuevos proyectos, acudieron al IFA en busca de apoyo económico. Allí, sin especificar quién, les dijeron que tenían que montar una empresa para poder darle una subvención . Entonces nació Novomag (Nueva Magefesa) en abril de 2003. Recibió 420.000 euros de la partida 31L, conocido como 'fondos de reptiles' , el dinero destinado por la Junta para el pago de los ERE. Aunque en esta ocasión, según han reconocido los acusados, el dinero fue a pagar las deudas que tenía Idisur con la Seguridad Social que ascendía a casi medio millón de euros.

Los acusados en este juicio son María de los Ángeles Z.D. y Juan Manuel P.B., administradores de Idisur y Novomag, y los socios de ambas empresas José Luis F.J., Miguel A.G. y Rogelio M.I., quienes se enfrentan a tres años de cárcel y ocho años y tres meses de inhabilitación absoluta por delitos de prevaricación y malversación. Además, la Fiscalía pide que los cinco indemnicen a la Junta con 420.708,47 euros.

Los acusados, como venía señalando la Fiscalía y las acusaciones de la Junta y el PP-A, han admitido que desde la Junta, sin especificar quién, le comunicaron que tenían que fundar una empresa nueva (Novomag) para poder percibir fondos públicos de la Junta de Andalucía con los que saldar las deudas que mantenía Idisur con la Seguridad Social, de la que habían sido administradores y trabajadores, «evitando las posibles acciones de reclamación de cantidad contra los administradores y socios, así como subrogándose en los activos de Idisur para intentar retomar la actividad productiva».

Novomag fue creada con un capital social de 3.006 euros y cosechó « fondos públicos por importe de 420.708,47 euros sin sujeción a procedimiento alguno, sin acreditar los requisitos que le habilitarían para ser beneficiario de los mismos y aplicándolos al abono de deudas de otra sociedad en beneficio de los acusados«.

Las ayudas fueron concedidas por la Consejería de Empleo « prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para el otorgamiento de subvenciones, no constando solicitud formal de la ayuda«.

Según la Fiscalía, la concesión de esta ayuda fue realizada por el director general de Trabajo y Seguridad Social (el ya fallecido Francisco Javier Guerrero) sin competencia legal para ello. El fiscal anticorrupción le ha preguntado a los acusados si conocían una carta que enviaron desde Novomag a Guerrero en forma de agradecimiento por la subvención. Han dicho no conocerla.

No es posible conocer qué baremo o criterio se ha seguido para fijar la cuantía de la ayuda en 420.780,47 euros, no existiendo ningún análisis económico realizado por la Junta de Andalucía que ponga de manifiesto la procedencia de esta ayuda ni tampoco resolución motivada de concesión ni de los requisitos a los que se debe de ajustar su aplicación por los beneficiarios, expone el Ministerio Público en su escrito.

Los acusados, según la Fiscalía, «destinaron los fondos públicos percibidos junto con otros ingresos ajenos a cualquier actividad productiva», a pagar honorarios de un despacho de abogados que los estuvo asesorando y a saldar en parte las deudas de Idisur con la Seguridad Social .

El tribunal de la Sección Primera, encargado de juzgar esta pieza, está presidido por Pedro Izquierdo , el magistrado que fue recusado en la pieza política por haber sido ex secretario general para la Justicia de la Junta de Andalucía, en época socialista.