El juez de los ERE rechaza el intento de una empresa beneficiaria de eludir su responsabilidad

La cooperativa San Sebastián de Guadalcanal es una de las diecisiete empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla entre las que la Consejería de Empleo repartió ayudas por un importe total de 22,1 millones de euros .

En esta pieza separada el juez dictó ya auto de procesamiento contra treinta personas entre las que se encuentran el ex director general de Trabajo Daniel Rivera , los exalcaldes socialistas de Guadalcanal y El Real de la Jara , Carmelo Montero y José Antonio Méndez, respectivamente, y empresarios .

En esta pieza, la cooperativa San Sebastián recurrió que fuera incluida en el auto de procesamiento como responsable civil.Pero el juez rechaza su recurso. La defensa de la cooperativa, que es la misma que Carmelo Montero , quien fuera alcalde de Guadalcanal y responsable de la sociedad agrícola , pide que la responsabilidad civil está prescrita, algo que el juez niega.

Pero además añade el instructor que el hecho de que la Junta haya iniciado en vía administrativa y en el Tribunal de Cuentas el reintegro de la ayuda, no le excluye de la responsabilidad civil. Montero, como alcalde y presidente de la cooperativa, fue quien solicitó, gestionó y obtuvo la ayuda de un millón de euros de « manera manifiestamente irregular y fraudulenta ».

El expresidente de la sociedad cooperativa, al que la Fiscalía Anticorrupción pide tres años y medio de cárcel , no era ajeno, según el juez, al origen, otorgamiento y obtención «manifiestamente irregular» de las ayudas de la Consejería de Empleo.

«Existen indicios suficientes de la responsabilidad de Carmelo Montero, como presidente de la cooperativa», añade el juez, que recuerda su relación de confianza con los altos cargos socialistas del Gobierno andaluz.

«No es posible justificar el supuesto desconocimiento sobre la ilicitud de las ayudas y su confianza en la correcta actuación de la Administración autonómica , cuando existe una patente y grosera arbitrariedad », reitera el juez en su nuevo auto, al que ha tenido acceso este periódico. El mismo aviso a los empresarios beneficiarios que se recogía en el auto de procesamiento recurrido por la cooperativa.

En la última resolución judicial, de 16 de septiembre, subraya que el hecho de que el importe «nada desdeñable» del millón de euros se destinara a los fines pretendidos por la cooperativa «no justifica» que sea lícita la subvención, ni tampoco la ausencia de responsabilidad penal del expresidente de la sociedad.