El juez reactiva la causa contra el edil del PSOE enchufado en la Faffe

Mediante un auto dictado el pasado 4 de marzo, el juez Vilaplana asume de nuevo las diligencias previas abiertas contra el actual segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. La causa ha sido devuelta al instructor del caso Faffe por parte del juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, donde había recaído por reparto, después de que la juez Núñez rechazara asumir la denuncia presentada por el letrado de la acusación popular que ejerce el PP andaluz. Núñez Bolaños esgrimió que no le correspondía a su juzgado indagar en este supuesto caso de enchufismo al tratarse de «hechos nuevos no investigados» en otra causa que indaga en «la contratación presuntamente ilegal» de Antonio Torres García, el exalcalde socialista del pueblo sevillano de Lebrija que estuvo a sueldo de la fundación pública durante once años sin ir a la oficina a trabajar. Por ello, la juez dejó sin efecto una orden de su juez sustituto a la Guardia Civil para investigar cómo Francisco Camas entró en nómina de la Faffe.

Meses después, el caso ha vuelto a las manos de Vilaplana porque este órgano judicial al determinarse que éste sería el competente para llevar a cabo las pesquisas. En su auto, el juez de refuerzo ha atendido un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para analizar la contratación irregular de Francisco Camas Sánchez por parte de la Faffe con motivo de la extinción de la entidad estatal Fondo de Formación y Empleo. La fundación pública se comprometió a recuperar al 60 por ciento de su personal cuando se creó en 2003. Pero cuando se hizo el trasvase, el actual edil socialista ya llevaba meses fuera, cobrando la prestación de desempleo.

Para avanzar en la investigación, el juez Vilaplana ha librado un oficio al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que «a la mayor brevedad posible» facilite a la UCO diversa documentación. Le emplaza a entregar el acuerdo o acuerdos firmados «con el objeto de traspasar los activos del Fondo de Formación y Empleo en favor de la fundacion Faffe» y hace hincapié en lo que atañe a la contratación de la plantilla del ente estatal . El juez reclama «los listados de trabajadores que se beneficiaron de esta medida». Muchos de ellos han acabado trabajando en el SAE, que integró a los empleados de la Faffe cuando se disolvió en 2011. Señala que tales diligencias resultan «idóneas, aptas y adecuadas».

En la resolución también se demanda a la agencia de la Junta de Andalucía «toda la documentación anexa a las actas del patronato de la Faffe» de las dos primeras sesiones , celebradas en septiembre de 2003 y junio de 2004 y, «en especial, aquella referida al plan de incorporaciones de personal en la estructura de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo».

Aparte de «tener por devueltas las diligencias previas», el juez amplía el plazo de la investigación declarándola como causa compleja. Por último, requiere a la Fiscalía y al PP que manifiesten si desisten de los recursos que impusieron contra auto y la providencia de la juez Núñez por la que paralizaba esta investigación.