El juez que procesó a Chaves y Griñán deja el caso de los ERE

Una vez concluida la comisión de servicios por la que ocupó el cargo, y tras rechazar pedir una prórroga , el juez tiene previsto regresar a su juzgado de lo penal 2 de Sevilla, que dejó para reforzar el juzgado de los ERE mientras aún lo dirigía Mercedes Alaya.

Martín, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía Occidental , se hizo cargo de los asuntos ordinarios del juzgado cuando Alaya era su titular, condición que perdió en junio de 2015, cuando la magistrada pasó de forma voluntaria a la Audiencia de Sevilla .

El juez Martín entró en el juzgado para reforzar su actividad debido a las macrocausas que abrió la juez Alaya , entre ellas la de los ERE, cuya investigación comenzó en enero de 2011.

La nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños , por su parte, le encargó hace un año a Martín instruir las primeras seis piezas piloto de los ERE para acelerarlas.

Entre las seis que le encomendaron estaba la denominada pieza política, en la que finalmente procesó a Chaves, a Griñán y a otros 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, seis de ellos consejeros, por el procedimiento empleado en conceder las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

A Martín también le correspondieron las piezas de las sobrecomisiones que cobraron las aseguradoras y mediadoras así como las relativas a las ayudas públicas que recibieron las empresas ACYCO, Sayago y Rosendo, Surcolor y Cenforpre .

De todas ellas, el juez Martín ha concluido tres y ha dictado auto de procesamiento en la pieza política y en la de ACYCO y Surcolor, en éstas con 26 y 16 imputados, entre ellos varios ex altos cargos.

La instrucción del resto de las piezas que le encomendó las continuará la juez Núñez Bolaños , que previsiblemente se quedará a partir de ahora sola en el juzgado.

Martín no ha podido enviar la causa a la Audiencia de Sevilla porque faltan escritos de defensa de los políticos acusados .

En la pieza política, el juez Martín dictó en noviembre pasado un auto por el que decretó la apertura de juicio oral por prevaricación contra Chaves, presidente andaluz entre 1990 y 2009, y contra Griñán, que presidió la comunidad de 2009 a 2013, por los presuntos delitos de malversación y de prevaricación .

La Fiscalía pide seis años de prisión y treinta de inhabilitación para Griñán, una pena superior a la de Chaves , para el que solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación y nada de prisión, debido a la actuación del primero cuando fue consejero de Hacienda .

El auto de apertura de juicio oral recoge también un presunto delito de asociación ilícita para los 26 ex altos cargos e incluye además la petición de una fianza que asciende a 4.214.702 euros para Griñán para asegura r las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes.

El PP de Andalucía , que asumió la petición de la Fiscalía, solicitó además dos años de cárcel y doce años de inhabilitación contra Chaves y Griñán al considerar que ambos y los otros 24 encausados cometieron un delito de «asociación ilícita» , mientras que la Junta de Andalucía, que es acusación particular, no acusa a los expresidentes.