El juez procesa al expresidente de Invercaria en el caso de las ayudas a Cedes Electria

En un auto, el juez instructor procesa en esta pieza separada del caso Invercaria a seis personas , entre ellas Pérez-Sauquillo y los que fueran consejeros de Invercaria Isabel de Haro y Bienvenido Martínez, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Asimismo, decreta el sobreseimiento y archivo parcial de la causa con respecto a otro investigado al entender que, «de la práctica de las diligencias instructoras de investigación realizadas, no se deduce ni se infiere el que participara en las actividades descritas» en el auto «ni en su resultado».

El magistrado acuerda dar traslado de las diligencias a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral , formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.

En el auto, el juez relata que la entidad Cedes se constituyó el 1 de agosto de 2008 para el desarrollo de proyectos energéticos, mes en el que tuvo lugar una reunión entre varios de los investigados «a la que acudió el titular de la Consejería de Innovación , Ciencia y Empleo» y en la que se acordó la inversión de capital público en el proyecto Cedes.

El juez manifiesta que, «dimanante de esa reunión», la investigada Isabel de Haro «dio indicaciones y directrices» al entonces presidente de Invercaria «en orden a invertir» en este proyecto, de manera que, desde la constitución de Cedes Electria el 1 de agosto de 2008, Invercaria participó aportando 42.000 euros al capital social , una decisión que «no consta con el respaldo del departamento de inversiones de Invercaria, no ha sido aprobada por el comité de inversiones y se realizó por decisión de su presidente en uso de sus facultades, sin atender a una petición previa de Cedes Electria».

Con fecha 22 de octubre de 2008, Invercaria concedió un primer préstamo participativo a Cedes por importe de 408.000 euros, tras lo que el 28 de julio de 2009 se aprobó una inversión adicional a Cedes de 700.000 euros, unas inversiones que, según el juez, «no fueron analizadas por los departamentos técnicos de Invercaria , el departamento de promoción ni el departamento de análisis e inversiones, ni pasó por el Comité de inversiones», todo ello «a pesar de que en el acta del Consejo así se hace constar al manifestar el investigado Tomás Pérez-Sauquillo que se había analizado y evaluado positivamente por el Comité de Inversiones».

El magistrado añade en el auto que, con fecha 15 de abril de 2009, se concedió a la entidad Consultora para la Sostenibilidad Integral (CSI) –que estaba integrada por varios consejeros de Cedes- otro préstamo participativo por 400.000 euros, el cual « tampoco fue objeto de análisis técnico por los departamentos de promoción y análisis e inversiones de Invercaria».

El Consejo de Administración de Cedes asumió en julio de 2011 la deuda de CSI, con la abstención de Invercaria, y en septiembre de ese mismo año Cedes adquirió el 100 por cien de participaciones de CSI por dos euros, una operación que «se realiza para evitar tener que solicitar autorización del Consejo de Gobierno de la Junta, al superar el límite de ayudas, pues el grupo Cedes habría recibido un total de 1.550.000 euros».

Así, el juez considera que, «de lo instruido, se infiere que la entidad Invercaria autorizó todas las ayudas sin realizar ningún análisis ni seguir las directrices del Plan Director regulador de su régimen interno que se había dado a sí misma y son consecuencia de decisiones personales de su presidente», mientras que «tampoco se realizó un adecuado seguimiento hasta el año 2012».

Además, y según expone el instructor, el expediente de Cedes Electria obrante en Invercaria «carecía de documentación alguna, siendo el plan de negocios aportado por el promotor incorporado posteriormente, cuando las inversiones ya estaban realizadas».

Según el magistrado, «lo que se desprende de la instrucción es que en realidad la actividad de Cedes Electria estaba siendo desarrollada a través de las empresas de los propios socios y mediante ello los socios han mantenido el nivel de actividad de sus empresas, no siendo Cedes Electria más que un mero intermediario , de tal manera que los fondos públicos invertidos en la misma terminan en sus socios, al margen de las remuneraciones directas».

El magistrado estima que el «perjuicio causado al erario público andaluz» por las sucesivas inversiones de Invercaria en Cedes ascendió a 1.363.280,90 euros y en CSI en la suma de 486.813,35 euros.