El juez ordena a la Guardia Civil investigar ‘privilegios’ de los «enchufados» de la antigua fundación Faffe

El 22 de diciembre pasado, el instructor del caso Faffe recibió un correo electrónico del portavoz de un colectivo de funcionarios interinos encargados de la gestión de ayudas financiadas con fondos europeos. «Toda nuestra vida laboral ha transcurrido en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y hemos sido testigos directos de la causa que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tiene abierta en este momento», relatan estos empleados, que han ido encadenando desde 2005 contratos temporales en la Junta de Andalucía.

Tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, en la que PP, Ciudadanos y Vox desbancaron al PSOE de la Junta tras casi 37 años en el poder, «creíamos que supondría el cierre de la etapa de enchufismo en la Administración y que se impondría la cordura de la legalidad vigente». Se sienten agraviados respecto a los laborales de la antigua Faffe, que desempeñan tareas propias de funcionarios sin serlo, advierten. «Estamos siendo testigos directos día a día de cómo todas estas personas a las que su juzgado está investigando siguen trabajando a día de hoy sin tener potestades administrativa s algunas y esto dictado por sentencia, y no sólo estas personas, sino a las que ellos que, por así decirlo, ‘subcontrataron’ sin ningún tipo de mérito para acceder a la Administración».

Su escrito no ha caído en saco roto. El juez Vilaplana dictó el pasado 11 de febrero una providencia por la que remitía a la UCO la denuncia «al objeto de su valoración como posible fuente de investigación policial». Dicha resolución fue impugnada por la letrada de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en las diferentes causas abiertas sobre las irregularidades que rodeaban a la Faffe, la más sonada los gastos reiterados en prostíbulos (32.000 euros) por parte de su director general , Fernando Villén, utilizando la tarjeta oficial.

En su recurso de reforma, expone que la información recogida en el correo de la discordia, «además de no presentar indicio alguno de delito, no conforma base suficiente para despejar ninguna de las posibles dudas » sobre investigados, «por no guardar ninguna vinculación con ellos, pues ni afirman haber prestado servicios para Faffe». Vilaplana tampoco es competente para indagar en este asunto, añade la Junta. La defensa de Villén se adhirió al recurso.

Pero el fiscal Anticorrupción Fernando Soto discrepa con la acusación de la Junta y avala la pesquisa judicial que –explica– abarca desde la adjudicación de contratos de manera irregular, el desvío de fondos con fines discrecionales a intereses de los investigados, hasta la contratación irregular del personal de la Faffe, que recaló en el SAE tras extinguirse aquélla. El instructor es de la misma opinión y por esta razón rechaza el recurso.

La letrada de la Junta no tira la toalla y ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla para que revoque la diligencia acordada por Vilaplana . Argumenta que se abre una «investigación prospectiva» que puede provocar «dilaciones indebidas e injustificadas» en la instrucción.

El remitente del escrito, al cuestionar el trabajo de los antiguos empleados de la Faffe, pone de manifiesto « su desacuerdo con que exista personal, no funcionario , que haya accedido a la condición de empleado público, suponemos que como indefinidos no fijos, por sentencia judicial», añade la Junta. Razón de más para concluir que se trata de una «cuestión judicializada y ajena al objeto de esta causa».