La juez Núñez Bolaños archiva una causa de los ERE y cuatro segundos después la vuelve a abrir

El mismo día, a las 18.31 minutos y 45 segundos , según consta en la rúbrica digital de otro auto, Núñez Bolaños acordó reabrir las diligencias previas que había archivado tan sólo cuatro segundos antes. Ambas resoluciones opuestas han sido notificadas a las partes personadas en el caso ERE.

En cuestión de segundos, la juez llega a dos conclusiones diametralmente opuestas basándose en el mismo informe policial. En ambos autos, notificados la pasada semana a las partes, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla alude a un atestado de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería que propone incriminar al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero , y a su sucesor en el cargo, Juan Márquez Contreras , por «la supuesta comisión de delitos de prevaricación en su vertiente administrativa y fraude».

En el primer auto, acuerda el archivo de la investigación argumentando que «de la documentación obrante en las actuaciones y, en especial, del atestado se constata» que no está «debidamente justificada la perpetración de un delito ». En el segundo, firmado cuatro segundos después, la juez señala lo contrario: «Visto el estado de las presentas diligencias, procede la reapertura, debiendo practicar las diligencias de investigación oportunas, a fin de determinar los hechos objeto de autos».

La confusión es tal que la letrada del PP andaluz, que ejerce la acusación popular en el caso, ha pedido por escrito una aclaración al juzgado porque « ambos autos son absolutamente contradictorios y provocadores de inseguridad jurídica».

El detonante es un atestado de la Guardia Civil entregado el 31 de julio a la juez. Los investigadores no han podido probar la existencia de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, aunque sí los referidos tipos penales, porque la propia Junta de Andalucía es incapaz de «determinar si pagó o no la ayuda» , destaca el informe. Siendo «plenamente consciente» de que no había tramitado el ERE, Guerrero dirigió un escrito en julio de 2005 a la aseguradora Vitalicio por el que se comprometía a abonar 204.402 euros a Incosol. Al no presentar el ERE, el convenio suscrito para pagar las ayudas a través de la agencia IDEA era nulo de pleno derecho.

«A pesar de los errores mayúsculos en la tramitación», Guerrero ordenó nuevos abonos en 2006 « evidenciándose una dejadez y falta de rigor en el tratamiento documental impropio en cualquier organismo de la Administración», expone el atestado. Su sucesor en Trabajo ordenó un nuevo pago de 197.828 euros a Incosol, sin el visto bueno del viceconsejero. Para la Guardia Civil, ambos pudieron prevaricar y cometer un fraude porque «en el ejercicio de sus cargos no protegieron la dignidad de la función pública y el mantenimiento de su prestigio».