La juez Núñez blinda el sumario de las tarjetas opacas de la Faffe y niega el acceso a las partes

La instructora ha acordado restringir el acceso judicial a datos sobre esta investigación separada de la macrocausa de las subvenciones para cursos de formación. «Quedará bajo custodia» de la letrada de la Administración de Justicia o secretaria judicial toda la documentación, incluidos los movimientos de las polémicas tarjetas que analiza la Guardia Civil y que solicitaron los letrados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no dará traslado a las partes (acusaciones y defensas) de la abundante documentación requerida al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a la Agencia Tributaria y a las asesorías jurídicas de cinco entidades financieras, entre otros organismos. Es una decisión que fuentes consultadas califican de inédita en una instrucción tan sensible, que ha tenido una repercusión política inmediata: la oposición en bloque apoya una comisión de investigación en el Parlamento sobre las tarjetas opacas.

Quien esté personado en esta causa tendrá que dirigirse al juzgado para solicitar y justificar el acceso a « algún documento o contenido que sea de interés en su descargo », según ordena la juez en un auto del 30 de julio pasado al que ha tenido acceso ABC.

En otro auto del pasado lunes por el que rechaza diligencias y pesquisas solicitadas por los letrados del PP, Núñez Bolaños explica que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene encomendada la investigación de «la documentación en su conjunto y que una vez que realice atestado remitirá únicamente la que resulte pertinente y necesaria para la investigación judicial».

La juez se ampara en que la UCO, a través de los extractos de las entidades bancarias y los archivos de la Faffe, « está investigando, analizando de forma directa las tarjetas, las cajas y su uso » y que «solicitará a este juzgado cuanta documentación o autorización estime necesaria para dicho fin, sin que sea necesario la unión de todos los movimientos de las tarjetas sino sólo de aquellos que, una vez analizados por la UCO sean relevantes a la causa».

Era su respuesta a un escrito del 13 de julio de la acusación popular del PP que instaba a requerir «de manera urgente» a la Junta de Andalucía el extracto y movimientos de la tarjeta Visa Classic asociada a una cuenta corriente de la Faffe en Caja San Fernando, junto con las facturas y los justificantes de pago de los gastos sufragados y la «identificación de los establecimientos en los que se usó la tarjeta».

Esta información cobra mayor relevancia desde que el pasado martes el consejero de Empleo, Javier Carnero, haya reconocido en una comparecencia parlamentaria que se endosaron «pagos personales» a esta tarjeta por importe de otros 23.000 euro s, gastos que se suman a los 14.737 euros cargados a otra tarjeta Mastercard de Unicaja en el club de alterne sevillano Don Angelo. La magistrada apela a la Fiscalía para rechazar por ahora que la Intervención General de la Administración del Estado revise «todos los contratos que se hubieran formalizado en el seno de la Faffe», como había pedido el PP.

La instructora desestima otro recurso de reforma interpuesto por el abogado del exdirector-gerente de la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), Fernando Villén Rueda, que se oponía a que el SAE facilitara los archivos informáticos de los correos electrónicos de los responsables de la Faffe desde 2007 a 2011 (cuando se liquidó la fundación), amparándose en la vulneración de derechos fundamentales como el de intimidad y el secreto de las comunicaciones.

La juez replica que este recurso «queda sin objeto» en este punto puesto que el 12 de junio declaró secreta la investigación de correos electrónicos de 66 personas , entre directivos y técnicos, de la fundación, «por el tiempo imprescindible para realizar el análisis que se autoriza en esta resolución y nunca superior a un mes». Ese plazo ya venció y el PP pidió que se levantara el sigilo, pero no ha contestado.

Pese a rechazar el recurso de Villén, la juez coincide con su defensa en que « es cierto que puede afectar a la intimidad de otras personas , que ni tan siquiera son investigados en esta causa», toda la información que aporten la Agencia Tributaria y el SAE con las vidas laborales de trabajadores de empresas contratadas por la Faffe.

Las restricciones no sólo afectan a las partes. La Guardia Civil tendrá que dirigirse al juzgado para consultar los originales de los documentos que analiza. Mediante una providencia del pasado martes, la juez acuerda remitirle copias en soporte digital «con la advertencia de que sólo unirá al atestado la documental que resultare relevante para la causa».