La juez María Núñez reclama medios a la nueva Junta de Andalucía para su juzgado

La titular del juzgado de Intrucción número 6 de Sevilla ha dirigido un oficio al «órgano competente de la Junta de Andalucía, a fin de que dote a este juzgado de los mecanismos necesarios para la textualización de las grabaciones», según expone en una providencia del 16 de mayo pasado. La Fiscalía lleva tiempo pidiendo que las declaraciones en el juzgado se documenten «no de forma exclusiva en soporte audiovisual» sino también que se transcriban, como hacía la anterior titular del órgano judicial, Mercedes Alaya.

A principios de este año, los 19 magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla acordaron obligar a los jueces de Instrucción a levantar actas de las declaraciones, porque el soporte audiovisual provoca «una extraordinaria lentitud y sobreesfuerzo» a la hora de estudiar la causa y juzgar los hechos.

En un primer momento, el juzgado de María Núñez Bolaños ignoró esta petición y acordó seguir grabando en vídeo los interrogatorios. Mediante una diligencia de ordenación del pasado 12 de febrero, la letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla decidió que «las declaraciones sumariales de imputados, víctimas y testigos se documentarán en soporte audiovisual», el método de reproducción habitual que utiliza este juzgado.

Tras el cambio de criterio, la magistrada ha dirigido un oficio a la Delegación de Gobernación y Justicia de la Junta en Sevilla para reclamarle «los mecanismos necesarios para la textualización de las grabaciones». Al frente de la Oficina Judicial y Fiscal de Andalucía se encuentra Carlos Rodríguez Sierra , quien fuera abogado de Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso ERE. El actual director general asesoró al exdirector general de Trabajo al comienzo del juicio del caso Umax, que se ha saldado con una condena de cinco años y nueve meses de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta por crear una red paralela de enchufes en la Junta de Andalucía. La Oficina Judicial decide sobre la dotación del personal de las distintas sedes judiciales. Otro departamento de la Consejería, la Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas , es el competente para prestar asistencia y apoyo técnico a los jueces a través de equipamiento, aplicaciones informáticas y medios audiovisuales.

Por otro lado, la juez instructora ha tenido que rectificar el auto de apertura de juicio oral en la pieza separada del caso ERE relativa a las ayudas concedidas a Surcolor , debido a los «errores materiales» que contiene su resolución. En esta causa están procesados el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y otros cinco ex altos cargos.

Los fiscales Anticorrupción instaron a la magistrada a corregir varios errores de su auto que afectaban a los responsables civiles subsidiarios al «objeto de evitar aún mayores demoras en la tramitación de la presente causa». En concreto, el Ministerio Público alertó de que «no se recoge como responsable civil subsidiario a Holding Europeo Tindex» . Además, «se aprecia contradicción sobre la forma y a qué representación legal se le ha de realizar el emplazamiento sin que se fundamente la decisión», señalan los fiscales en su escrito del 26 de abril.