El juez imputa a Griñán malversación en el auto de apertura de juicio del caso ERE

Además de los dos ex-presidentes, de las 48 personas investigadas en esta causa, el juez resuelve el sobreseimiento sobre 24 de ellas, mientras que en 17 de ellas estima que hay indicios para imputar un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, y en los 7 restantes considera que son autores de un presunto delito continuado de prevaricación.

El juez encausa por los dos delitos de prevaricación y malversación a los exconsejeros, Jose Antonio Viera Chacón , Antonio Fernández García , Francisco Vallejo Serrano , Carmen Martínez Aguayo ; además, son encausados por estos dos delitos los dos viceconsejeros de Empleo: Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas Alcón ; un viceconsejero de Innovación: Jesús María Rodríguez Román ; tres directores generales de Trabajo: Francisco Javier Guerrero Benítez , Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez ; un secretario general de Empleo, Juan Francisco Sánchez García ; dos secretarios generales Técnicos de Empleo: Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo ; un Interventor General de la Junta de Andalucia, Manuel Gómez Martínez ; y tres directores de la Agencia IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar , Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos .

La imputación de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos que el juez atribuye al expresidente Griñan y a 17 altos cargos de la Junta de Andalucía se justifica porque son personas que desde 2005 conocían los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, informes que advertían que por parte del director general de Trabajo se estaban otorgando ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, y no hicieron nada para evitarlo.

Con el anterior Código Penal (por el que se instruye este procedimiento) la pena de prisión prevista es de 4 a 8 años de privación de libertad (art 432, apartado 2).

[ Aquí puedes consultar el auto ]

Según explica el auto: «No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos , asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía».

El juez aprecia «una pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona no autorizada para ello, como era el Director General de Trabajo, que no era competente para esa disposición hasta la Orden de 3 de marzo de 2010, a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control , sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros«.

El juez encausa por un delito continuado de prevaricación a los ex-consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez ; al viceconsejero de Innovación, Gonzalo Suárez Martín ; al viceconsejero de Economía y Hacienda, José Salgueiro Carmona ; al secretario general de Hacienda, Antonio Estepa Giménez ; al director general de Presupuestos de la Junta, Antonio Vicente Lozano Pena , y al jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucia, Francisco del Río Muñoz .

El presunto delito de prevaricación está acreditado al disponer estas personas ilegalmente, y con conocimiento de ello, de fondos públicos y haber instaurado y mantenido un sistema para la concesión de ayudas y subvenciones contrario a derecho, asi como para dotar de fondos al mismo de manera irregular. El delito de prevaricación no conlleva penas de cárcel en nuestro Código Penal, sí la inhabilitación para empleo o cargo público durante, 7, 10 o más de 10 años.

A todos los encausados, el juez les considera responsables de generar, implantar, mantener e impulsar entre los años 2000 y 2011, y desde el gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo, un procedimiento específico, que eludiendo los controles establecidos y a través de modificaciones ilegales de partidas presupuestarias, obtuvo fondos públicos y estableció el modo de gastar estos caudales públicos de manera arbitraria y discrecional, empleando el instituto IFA/IDEA como pagador.

Como indica el auto, en estas personas a las que se imputa un presunto delito continuado de prevaricación: «concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que c onocían la ilicitud del sistema que estaban instaurando y, por tanto, no debe admitirse su aducida ignorancia».

Por otra parte, el juez acuerda s obreseimiento provisional del proceso a 17 investigados, entre ellos tres exconsejeros de la Junta y los expresidentes de El Monte y Unicaja, que quedan fuera del caso. El listado completo, en este enlace