José Repiso: «Quienes cuidan de los más vulnerables en las residencias deben estar vacunados sí o sí»

¿Serán suficientes estas medidas de vigilancia para frenar los brotes de Covid-19?

Ahora mismo no tenemos una situación alarmante. Es verdad que hay 621 positivos en residencias de mayores, centros de discapacitados y de salud mental, pero la mayoría pasa la enfermedad de manera asintomática o leve, lo que significa que la vacuna funciona. Las residencias de mayores no son islas. Cuando hay una población con una tasa de incidencia muy alta, eso repercute en estos centros porque el principal vector de contagio son los profesionales que entran y salen, que hacen su vida normal. Es fundamental la detección precoz mediante la toma de temperatura o hacer un seguimiento de la sintomatología.

¿La cepa Delta, más contagiosa, ha hecho que vuelva a colarse el virus en estos centros?

Efectivamente, la cepa Delta está circulando por Andalucía y eso tiene su repercusión. Pero no es lo mismo que entre el virus y que la detección precoz permita que se quede en pocos positivos con aislamiento. De hecho, la mayoría de los 621 contagios se da en residencias donde hay uno, tres o cinco casos. Eso quiere decir que se han tomado las medidas a tiempo. En el caso contrario están centros de Écija o Pedroche, donde los brotes se van a 50 o 80 positivos, porque en un momento dado no se hizo esa detección precoz.

Gracias a la vacunación, ¿no se repetirá la situación de hace un año?

No creo que se repita. En las residencias hay una alta concentración de personas vulnerables, pluripatológicas y enfermos crónicos. Eso supone un peligro. Cuando el virus campa a sus anchas, sin duda, tenemos un problema.

Un grupo minoritario de trabajadores de residencias, en torno al millar de los 42.000 empleados que hay en Andalucía, se ha negado a vacunarse. ¿Por qué motivos se oponen?

Como otra gente que no trabaja allí, son personas más incrédulas, a las que les causan más duda los posibles problemas que puede causar la vacuna que los beneficios. Objetivamente, se está demostrando que no es así.

El Ministerio de Sanidad ha dejado a la voluntad de cada centro trasladar de puesto a los cuidadores no vacunados. ¿Debería haber impuesto la inmunización a este colectivo?

Andalucía le pidió por escrito al Ministerio que la vacuna fuera obligatoria. Entendemos que la gente que cuida a los más vulnerables debe estar vacunada sí o sí. Pero nos hemos encontrado con algunos de ellos que no solamente no se vacunan sino que se niegan a hacerse las pruebas. Hemos tenido que pedir autorización judicial para obligarles y estamos esperando que nos contesten. Lo que dice el Ministerio es un brindis al sol porque lo deja en manos de los centros, propone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por lo que el empleado debería estar de acuerdo y, lo más importante, el 98% de los trabajos en una residencia son de atención directa. Quien plantea un traslado es que no ha visitado una residencia en su vida. Los únicos que no tienen una atención directa serían los cocineros.

¿Por qué el Gobierno español se resiste a forzar la vacunación?

En las residencias de mayores el Gobierno central no ha estado ni se le espera. Desde marzo del año pasado las comunidades autónomas han tenido que liderar este tema y el Gobierno ha ido a rebufo de lo que han ido haciendo Andalucía y otras regiones. Nosotros prohibimos las salidas y visitas antes del estado de alarma.

¿Cómo se resintió la salud física y mental de los mayores durante el confinamiento de la primera ola?

Tenemos que mantener un equilibro entre la seguridad y la salud mental y física. Tú y yo podemos tener más veranos, pero una persona de 85 años quizás no. Es más, están las playas llenas y la gente está saliendo. Por tanto, quienes viven en las residencias, con todas las cautelas, deben hacer vida normal. Y la Administración pública debe velar para que el virus no entre y si lo hace, que se detecte pronto. Siempre dejamos una ventana abierta a que el epidemiólogo y el inspector de servicios sanitarios de la provincia puedan cerrar una residencia por los motivos que sean. Pero hoy por hoy los centros deben estar abiertos.

¿Los residentes deben estar protegidos pero no atrapados?

Estos centros no deben ser un búnker. Estamos velando por su seguridad pero nos podríamos cargar su salud mental y física, que se ha mermado mucho. Conozco a personas que han cambiado el andador por una silla de ruedas porque un año sin actividad les ha pasado factura. Vamos a presentar un plan de vida saludable y de actividades físicas con un avatar y pantallas en residencias para contrarrestar los efectos e intentar ganar el tiempo perdido.