Javier Rufino: «Miles de pozos y fosas ilegales ponen en peligro los acuíferos en Andalucía»

¿Cuáles son los más denunciados?

Los más habituales son las construcciones ilegales en suelo rústico y zonas protegidas, pero también los vertidos a acuíferos, ríos y arroyos, y las extracciones ilegales de agua de especial gravedad. También está la llamada «contaminación acústica», ruidos abusivos y continuados que por su duración e intensidad acaban afectando a la salud. O la emisión de humos tóxicos en exceso, la mala gestión de residuos, o los daños a las aguas por empresas mineras. También nos preocupa mucho el mal funcionamiento de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas o bien la inexistencia de ellas en algunos municipios. Asimismo están en nuestra esfera los incendios forestales intencionados e imprudentes, los delitos contra la fauna y la flora, el maltrato animal, la caza ilegal de especies protegidas y por último los cometidos contra el patrimonio histórico, sobre todo los expolios arqueológicos, que nos preocupan mucho porque suelen quedar impunes y producen un daño irreversible.

Los datos que maneja la Fiscalía les indican aumento o disminución.

Depende la clase. Ahora es muy frecuente recibir denuncias por maltrato animal que proceden de particulares, asociaciones ciudadanas relacionadas con el tema o de la propia Policía. Este tipo de investigaciones ha subido mucho, no tanto porque haya más delitos que antes, sino más conciencia y rechazo social. Más de la mitad de los asuntos que llevamos son urbanísticos y no están aumentando como hace años, pero sí se mantiene el número elevado de condenas que recaen, con la consiguiente orden de derribo para restituir el entorno natural. Solamente en Sevilla están en torno al centenar anual de ellas. Luego lleva mucho tiempo y esfuerzo conseguir la demolición. Si no se produce, si no se repara el daño, todo queda en lo simbólico y sin efecto para la sociedad.

¿Colaboran las administraciones cuando ustedes piden auxilio para demoler construcciones ilegales?

—En las viviendas ilegales los ayuntamientos en líneas generales no prestan ayuda y alegan razones financieras, falta de presupuesto. La Junta de Andalucía no tiene realmente la obligación de ejecutar esas sentencias penales, aunque sí de colaborar: el obligado es el ciudadano irresponsable que comete el delito. A veces los tribunales sentenciadores y los fiscales se ven sin ayuda real para hacer cumplir la ley.

¿La sociedad es consciente de que el que lo hace lo paga ?

Nuestra aspiración es que mediante las sentencias transcienda un efecto, más que ejemplarizante, preventivo, como un aviso a la sociedad de que determinados actos ilegales tienen consecuencias penales. Lo que sí veo es que la gente es más consciente de que existen delitos ambientales y urbanísticos; pero con cierta tendencia a derivar la responsabilidad a la Policía, a la Administración, o a la Justicia, cuándo en estos asuntos la responsabilidad es del que comete el delito, sea un particular o una empresa promotora o constructora. Hacer un pozo ilegal no es culpa del que no vigila eficazmente, sino del que lo hace. Construir viviendas ilegales en espacios donde está prohibido es responsabilidad del autor. Creo que es un problema de educación y de civismo, y ninguna ley penal es suficiente para arreglar eso. Podríamos resumirlo así: cumple la ley y luego haz lo que quieras, pero tu propiedad privada tiene el límite de no perjudicar a otro.

¿Para sellar un pozo ilegal hace falta una orden judicial?

El control de un pozo ilegal es responsabilidad administrativa, sancionando y adoptando medidas cautelares urgentes como puede ser el precinto para impedir su uso. En la mayoría de los casos no tiene repercusión penal. Solamente la tendría si la extracción de agua pudiera producir un daño grave a los recursos naturales, como por ejemplo la estabilidad del acuífero. En las miles de extracciones ilegales que hay en Andalucía para suministrar agua a edificaciones legales, o cultivos intensivos con agua gratis, a veces no se producen daños graves que den lugar a un procedimiento penal en la Fiscalía o en el juzgado, pero sí una infracción administrativa grave que normalmente sancionan las confederaciones hidrográficas.

¿Tiene casos de pozos donde actúa la Justicia?

Sí, en Huelva hay muchos, y también hay algunos procedimientos penales en zonas ambientalmente sensibles de Sevilla donde se están esquilmando acuíferos. Es importante saber que hablamos de un recurso escaso, de todos, y que no puede usarse en beneficio de determinados grupos de agricultores o de familias en concreto, fuera de las autorizaciones legales. Es tal el caudal de agua extraído que se pone en riesgo la estabilidad de las masas de aguas subterráneas. El problema es gravísimo para la flora y la fauna, y ahí están las advertencias que nos vienen de la Unión Europea.

Se puede hablar de cifras sobre pozos ilegales en Andalucía.

Yo no las tengo porque supera nuestra competencia legal. Lo que sí me gustaría señalar es que es escandaloso que haya miles de fincas pequeñas en Andalucía que tienen un pozo ilegal, y al lado también una fosa séptica sin las debidas condiciones de aislamiento, con el peligro de contaminación de las aguas subterráneas. Y esto es grave y peligroso para la población.

¿Cómo les llega la mayoría de las denuncias?

A través del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, la mayoría de las veces; otras son de la Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente; de los municipios; en muchas ocasiones de ecologistas e incluso de particulares. Me gustaría resaltar que la colaboración de la sociedad civil es enorme.

Por nuestro pasado y los tesoros ocultos debe haber mucho delito contra el patrimonio cultural.

Sí, hay muchos, y tienen una doble dificultad: el cuándo y el dónde. Se cometen clandestinamente y es difícil saber el momento, lo que plantea problemas de prescripción del delito. En segundo lugar, no saber la procedencia de las piezas que se puedan incautar a un sospechoso, y de qué yacimiento arqueológico las han expoliado. De todas maneras me consta que se está mejorando mucho para averiguar el momento y el lugar del expolio, con profesionales de la arqueología, la criminología y de otras ciencias auxiliares , como la física.

Porque el objetivo número uno me imagino es deshacerse de la pieza.

Así es. Actúan en varias fases. Primero el detectorista, el llamado «pitero» con el fatídico detector de metales. Marca el terreno, extrae las piezas de noche, la coloca a un intermediario del mercado de antigüedades y las más codiciadas pasan al mercado internacional con unos beneficios enormes. Hay informes policiales que dicen que después del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la venta ilegal de armas es lo que más dinero genera. Un país de nuestra singular riqueza cultural no puede permitirse el lujo de que estos delitos salgan gratis.