El interventor no pudo hacer nada ante la «pasividad» de la Junta para frenar las ayudas irregulares a ERE

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla está juzgando a 22 ex altos cargos autonómicos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento opaco y arbitrario de concesión, tramitación, financiación y pago de las citadas ayudas, que comprometieron 855 millones de euros.

En su declaración como testigo, Raya se ha pronunciado de este modo después de que José Rebollo, abogado del exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez -procesado en esta causa-, le haya preguntado si tenía algún margen de maniobra un interventor para «remover la pasividad» de los consejeros en el caso de que hubiese emitido un informe de actuación para cambiar el sistema de las ayudas ante las irregularidades detectadas y recogidas en sucesivos informes. Nada podía hacer si tal informe hubiese sido desoído, dijo.

Este informe nunca se emitió porque, a juicio de esta funcionaria, la agencia IDEA no era el ente que daba las ayudas, sino que se limitaba a pagarlas , y porque no se apreció menoscabo de fondos públicos en la gestión de las mismas.

La interventora de IDEA explicó que desconocía los destinatarios del informe adicional de la Intervención de la Junta remitido a tres consejerías distintas (Empleo, Innovación y Hacienda) donde apuntaba que se estaba prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido .

María Luisa Raya, que esta mañana ha contestado a las preguntas de la mayoría de defensas de los acusados, ha relatado que las ayudas sociolaborales « están mal presupuestadas» porque «escapan a la fiscalización previa », que es la que legalmente le correspondía. Es decir, no se podía examinar el destino del dinero público por parte del Intervención, que sólo podía fiscalizar cómo se enviaba el dinero a IDEA a través de las llamadas transferencias de financiación , una herramienta presupuestaria que sólo puede emplearse para «financiar gastos genéricos e inversiones» del ente que daba las ayudas. Sin embargo en los ERE se utilizó de forma inadecuada para un fin concreto, que era financiar ayudas, precisó.

El método de financiación empleado por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, que daba las ayudas, aunque en realidad las pagaba la agencia IDEA, impedía que existiera este control , según ha recordado en el juicio.