Los interinos exigen a la Junta de Andalucía que haga fijos a 60.000 trabajadores «en fraude de ley»

Al grito de «la oposición no es la solución» y «en la administración se quedan los que están», unos 1.500 manifestantes -según cálculos de la organización- se han concentrado para exigir al Gobierno andaluz que aplique algún proceso que garantice la fijeza de quienes llevan más de tres años ocupando un puesto estructural en la administración andaluza.

Según señala Enrique Lobato, portavoz de la Coordinadora Andaluza de Empleados Públicos en Abuso de la Temporalidad (Caepat)., en Andalucía hay 60.000 empleados interinos «en abuso de temporalidad». La cifra, indica Lobato, no es de los sindicatos y organizaciones de afectados, sino del Gobierno central.

Para esta organización, la principal petición es que la Junta «adapte su reglamento de acceso a la función pública a lo que marca la Unión Europea ». Sin embargo, el Gobierno central aprobó una ley, explica Lobato «que no cumple lo que dice la UE pero sí que da herramientas a las administraciones para consolidar y estabilizar a sus interinos». « Pero la Junta han decidido que las oposiciones se van a hacer con normalidad y que los interinos en fraude de ley que suspendan se vayan al paro y reciban una indemnización».

Frente a esto, Lobato propone que la Junta establezca «un proceso restringido donde solo participan los interinos en fraude de ley para consolidar la plaza de cada uno». «Nosotros ya hemos accedido a la administración pública. En muchos casos con una OPE aprobada. No salen oposiciones. Y ahora después de tantos años de trabajo demostrando mi capacidad y mérito me dices que compita con gente que está estudiando», se queja.

Antonio Sanz, portavoz de Afija - Asociación de Funcionarios Interinos en fraude de ley por abuso de la temporalidad de la Junta de Andalucía- propone otra solución al problema: la figura del interino «a extinguir». Esto es, que los interinos en fraude de ley mantengan su puesto hasta que se jubilen y que los opositores del turno libre vayan ocupando esos puestos cuando se marchen y también los que se vayan abriendo.

Solo en la administración general, señala Sanz, hay unas 3.000 personas afectadas por esta situación. No son solo números, explican desde esta organización. «Son personas, con nombres y apellidos, muchas de ellas mujeres de más de 50 años que se pueden quedar en la calle», indica Sanz. Es el caso de Valle Pérez, que lleva en un puesto décadas de forma interina. O el de Robledo, interina también que lleva 34 años en un puesto sin llegar a ser fija y que se ha manifestado esta mañana en Sevilla.

Destacan desde Afija que hay un problema añadido a la situación: como la Junta puso ya en marcha procesos de estabilización , hay compañeros que no los superaron y se han quedado en la calle.

En la manifestación también ha estado este martes representantes de Infoca. Antonio Castellano , el representante del comité intercentros, señala que su petición pasa por «paralizar las oposiciones de estabilización» que se han abierto, porque cree que es «injusta» . En el caso de su agencia, la interinidad afecta a unos 700 trabajadores, explica.

« Como CGT pensamos que se debe cumplir la legislación europea . Se debe dar fijeza al personal en fraude de ley por un proceso que garantice que puedan conservar su puesto de trabajo y luego se jubile». Es la idea del personal «a extinguir» del que hablaba también Afija.

Un caso particular es el de la Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía . Algunos de sus trabajadores vienen de la extinta Egmasa y, explica Carla Fernández, portavoz de sus interinos, hay un proceso de estabilización en negociación que «dejará a gente por el camino». Por eso piden que se paralice y renegocie. En peligro, destaca, hay unos 700 puestos de trabajo.

Desde el Gobierno andaluz explican que se ha respetado «la legalidad vigente» en cada proceso de estabilización del personal interino. « Todos los colectivos tienen derecho a manifestarse pero en esta ocasión, sería más oportuno que estos interinos dirigieran sus reclamaciones al Gobierno central, que no quiso escuchar a comunidades autónomas como Andalucía cuando advertimos de que la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que planteaba el Ministerio de Función Pública, dejaba a algunos interinos en el limbo», explican.

Razonan desde la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior que es el Gobierno central quien ha redactado la ley que ahora la Junta aplica. De esta forma, es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que debería hacerse cargo de las reclamaciones de los empleados que se consideran en fraude de ley.

«El Gobierno andaluz entiende la preocupación de estos interinos pero deberían reclamar al Gobierno central, que por intereses de otra índole, no quisieron tener en cuenta un régimen transitorio para este colectivo que lleva años trabajando de manera temporal en la administración», añaden.

«Lamentamos que el Gobierno central no haya tenido en cuenta las realidades de estas personas, pero desde el Gobierno andaluz sí nos preocupamos y para esto tenemos una bolsa prioritaria, para los interinos en esta circunstancia», explican desde la Junta.