Interinos denuncian a la Junta de Andalucía para suspender las oposiciones de estabilización

Esos dos procesos aún abiertos son, han explicado, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha presentado la misma asociación ante el Parlamento andaluz. Ambos recursos tienen por objeto la misma realidad: valorar si los interinos en la administración andaluza están o no en fraude de ley y si es pertinente que sus plazas salgan no a oposición sino a un concurso restringido de méritos para consolidar.

Así, la asociación de interinos quiere que se paralice la convocatoria de 2017 y 2018 y las plazas que corresponden a la estabilización del empleo se saquen a concurso, no a oposición. Según defiende este colectivo, se encuentran trabajando en la administración en fraude de ley, puesto que llevan más de tres años ocupando un puesto sin que se haya estabilizado.

Desde la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior insisten en que la denuncia de este grupo de interinos no va a parar la convocatoria de oposiciones . En todo caso, y si el Juzgado les concede las medidas cautelares , podrían paralizar las plazas de este colectivo, la de los valoradores de la dependencia. En todo caso, defienden desde la Junta, el objetivo es convocar las oposiciones siempre bajo «los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Sin embargo, reconocen las mismas fuentes, el futuro de las oposiciones puede variar atendiendo por un lado al resultado de la sentencia del TJUE y a la ILP que está por debatirse en el Parlamento y, por otro, al resultado de las OPE en marcha. «No queremos que se quede gente fuera, la administración también es humana y no queremos situaciones injustas», explican desde la Consejería de Presidencia. Así, si ven que hay muchos interinos de larga duración que se queda fuera, desde la Junta están abiertos a modificar próximos procesos siempre dentro de los principios de acceso a la función pública.

Sobre este asunto ha hablado el presidente de la entidad y portavoz de la comisión promotora de la ILP, David Núñez ,quien ha recordado que es la primera vez que una iniciativa de ley sale adelante propuesta desde la ciudadanía en la historia parlamentaria andaluza. Asimismo, ha reivindicado «respeto para la potestad legislativa del Parlamento y para los casi 52.000 ciudadanos andaluces que apoyaron con su firma para que la Iniciativa Legislativa Popular se aprobara».

Por último, el presidente de AproVadA ha explicado que la petición de nulidad afecta únicamente a la parte de la resolución de la Junta sobre las dos convocatorias extraordinarias, mientras que las ordinarias «deben seguir su curso con normalidad» .