Inquietud en la Junta de Andalucía por los finiquitos que ha pactado el Gobierno con los interinos

Según señalan fuentes de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, Andalucía cumplirá con el acuerdo por lealtad institucional. No habrá confrontación y, además, «valoran» que se haya llegado a un acuerdo. Pero sí existe «inquietud».

Señalan desde el departamento que dirige Elías Bendodo, también portavoz del Ejecutivo de Juanma Moreno, que hay dos aspectos del acuerdo que les genera ese recelo. El más importante tiene que ver con la indemnización que se ha pactado para los interinos que no consigan plaza dentro de las oposiciones de estabilización que se han proyectado para sacar a concurso los puestos que hasta ahora no eran de un funcionario.

Según el acuerdo, los interinos que no saquen plaza podrían recibir una mensualidad por cada año trabajado hasta un tope de 12. Sin embargo, señalan desde la Junta, eso no tendría carácter retroactivo y por lo tanto, no se aplicaría en Andalucía a todos los interinos que ya han salido de la Junta tras no superar los procesos selectivos extraordinarios que se llevan convocando desde 2018 en la comunidad.

De esta forma, razonan desde la Junta, el ‘finiquito ’ para quienes se queden sin plaza tras haber estado más de tres años en un puesto, s ólo deberá pagarse desde que la norma para la estabilización del Gobierno central se apruebe y sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El segundo punto que chirría en la Junta es el de las plazas que se han acordado como tasa de reposición. Desde el Gobierno andaluz señalan que puede ser excesiva la ampliación de ese valor y preferirían mantener la tasa de reposición en los números que se habían acordado antes.

En todo caso, indican en el Ejecutivo de Juanma Moreno, la Junta va a serguir con su plan de estabilización, como hasta ahora. Ese va a ser el camino «porque no cabe otra opción», señalan y porque es el camino por el que se han resuelto ya miles de puestos en casi todos los cuerpos y especialidades de la administracón andaluza desde 2018.

El colectivo de interinos son mucho más claros en su crítica. Entienden que el pacto alcanzado no supone un castigo para la administración sino para el trabajador y eso es, señalan «vulnerar» el mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Defienden desde este colectivo que las sentencias de dicho tribunal obligan a arreglar la situación de la temporalidad pero no a perjudicar al interino, que es lo que creen que pasa con el acuerdo firmado.

Desde el sindicato ISA, que aúna a los trabajadores públicos andaluces interinos, reclaman al Gobierno «responsabilidad» y acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no resolver «el hoy sino solo el mañana».