Hacienda impone un plan de ahorro a todas las consejerías andaluzas

Se trata de una imposición efectuada a todos sus compañeros en el Consejo de Gobierno por el titular de la cartera de Hacienda, Juan Bravo, que responde al objetivo de lograr ahorros con un nuevo modelo de gestión que aporte margen para financiar las nuevas políticas del Gobierno.

La contención del gasto debe afectar, por ejemplo, a las plantillas . Habrá una partida específica por si hace falta atender necesidades urgentes de personal en lo que resta de ejercicio, pero estará muy controlada, aseguran fuentes del Ejecutivo andaluz. Esta partida la gestionará la Consejería de Presidencia (de la que depende la Dirección de Recursos Humanos y Función Pública) pero también la de Hacienda.

Durante el proceso de redacción del presupuesto la Junta habrá analizado la auditoría que la Intervención General está realizando sobre 12 de las 18 agencias públicas empresariales y que será discutida previsiblemente en el Consejo de Gobierno del próximo 23 de abril. Estas auditorías tenían como objetivo reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales, además de «racionalizar los organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras duplicadas e innecesarias de la Junta». Es por tanto previsible que tras su análisis, el Gobierno regional acuerde la eliminación de alguno de estos entes de la denominada «administración paralela».

Además de la premisa general de ahorro impuesta a las consejerías por Hacienda a la hora de rendir cuentas y hacer previsiones, la consejería ha comunicado a todas que la administración instrumental también debe responder a la política de eficiencia. En ese sentido, se le ha exigido un ahorro del 5% en sus gastos corrientes de bienes y servicios, salvo en aquellos entes que gestionen servicios sanitarios, educativos, infraestructuras y dependencia. Tampoco pueden aumentar sus plantillas y no tendrán transferencias de capital para hacer nuevas inversiones, aunque las entidades que tengan recursos propios sí los podrán utilizar para inversiones, previa consulta a Hacienda.

A todas las consejerías se les ha pedido también que hagan un análisis pormenorizado de sus gastos en bienes y servicios. También se ha pedido que analicen cuál es el volumen de sus subvenciones nominativas (aquellas en las que se excluye la libre concurrencia pública) y estudien en qué casos se pueden reducir. En cualquier caso, las subvenciones nominativas se utilizan también para la financiación de determinadas administraciones públicas como universidades y diputaciones.

En el área de las subvenciones, hasta ahora ha sido una práctica habitual en la administración anticipar el 75% del pago de estas ayudas una vez concedida sin que exista una justificación previa. Hacienda ha pedido reducir ese anticipo al 25%, por lo que contará con un importante margen en cuanto a gasto a corto plazo.

Entre las dificultades que está encontrando Hacienda está conciliar compromisos de gasto en 2019 del anterior Gobierno con el coste de algunas de las promesas electorales . El nuevo presupuesto debe reducir el déficit de la Junta del 0,4% al 0,1%, lo que implica una reducción cercana a los 500 millones. A esto hay que sumar un aumento sensible en los gastos por la actualización retributiva a los funcionarios o la consolidación de plantillas, que suman más de 500 millones.