Guía para no perderse en la nueva causa de corrupción que salpica al Gobierno andaluz

Es una herramienta que utilizan las administraciones para agilizar los pagos, pero a costa de rebajar los controles sobre el destino de estos fondos. Las transferencias son un método de envío de dinero a una sociedad pública para costear sus gastos de funcionamiento (corrientes) e inversiones (capital). En el caso ERE, la agencia IDEA recibía de forma sistemática fondos a través de transferencias para abonar las ayudas que la Consejería de Empleo repartía.

Los diferentes jueces que han instruido el caso que ha llevado al banquillo a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los peritos de la Intervención del Estado creen que este sistema era fraudulento. Según la ley, las transferencias sirven para financiar operaciones genéricas de las empresas públicas, pero el Gobierno andaluz las usó para pagar subvenciones y ordenar pagos a terceros.

En 2016 la juez María Núñez abrió una investigación para averiguar si otras consejerías de la Junta de Andalucía, además de la de Empleo, recurrió a las transferencias de financiación para gastar dinero sin control con fines prohibidos por la ley.

La nueva instructora del caso Pilar Ordóñez ha pedido a la Junta un informe de todas las transferencias de financiación realizadas entre 2000 y 2011, cuyo importe puede superar los 3.500 millones de euros.