Guía para no perderse en el laberinto de las rentas mínimas del Estado y la Junta de Andalucía

Para determinar el riesgo de pobreza, se tienen en cuenta los ingresos del ejercicio precedente. Cuando la renta quede más de 10 euros por debajo del ingreso mínimo garantizado, se considera que la familia está en una situación vulnerable. En el cálculo de la renta de cada uno de los miembros de la unidad familiar, no computan otras ayudas finalistas (becas, alquiler), salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de las autonomías. Se puede cobrar el ingreso estatal y complementarlo con la renta andaluza. No son excluyentes. El IMV «se hace compatible con las prestaciones autonómicas que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de cobertura como de generosidad», reza la norma.

Sí, porque no son incompatibles. El antiguo PER o subsidio agrario computará como ingreso de la familia, al igual que las pensiones y otras prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas. Los trabajadores eventuales que reciban el subsidio o la renta agraria podrán acogerse a la nueva ayuda siempre que su nivel de ingreso no supere el tope establecido. Hasta noviembre de 2019 se han beneficiado de esta protección asistencial agraria 165.281 andaluces.

Como el ingreso mínimo, su objetivo es socorrer a familias. No tiene una cuantía fija porque depende de su nivel de ingresos. Es una prestación económica mensual del 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (537,84 euros) , calculada en doce mensualidades. Su importe va desde los 419 a los 779 euros. El ingreso estatal se mueve en una horquilla de entre 461,5 y 1.015 euros mensuales.

El beneficiario de la ayuda autonómica se compromete a buscar de forma activa empleo a través de la realización de itinerarios de inserción sociolaboral. Lo que se pretende es que tenga un carácter provisional y sirva de puente entre el riesgo de pobreza y una oportunidad laboral, para evitar que el cobro de la ayuda disuada a su perceptor de buscar un trabajo. Tiene una duración de doce meses prorrogables por períodos de seis.

En el caso del ingreso mínimo del Estado, se exige al solicitante que esté inscrito como demandante de empleo. Desde la Consejería de Igualdad, que dirige Rocío Ruiz (Ciudadanos) , sostienen que la nueva ayuda adolece de una apuesta más decidida por los itinerarios de inserción laboral y ve inconcreción en los plazos de vigencia.

Para acceder a la ayuda estatal, es indispensable tener como mínimo 23 años y deben haber pasado al menos tres desde su emancipación. Los extranjeros también pueden solicitarla si llevan residiendo legalmente en España como mínimo un año. El Gobierno no ha facilitado cifras del número de potenciales beneficiarios en Andalucía. El PSOE andaluz calcula que serán entre 220.000 y 225.000.

Según el informe de la Red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social publicado en diciembre de 2019, en Andalucía hay 3,2 millones de habitantes en riesgo de pobreza, es decir, viven en un hogar que percibe menos del 60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo (8.871 para una persona sola; 18.629 para una familia con dos adultos y dos niños). Son el 38,2 por ciento de la población. Está doce puntos por encima de la media nacional (26,1%), y el 68,2 % de andaluces tiene problemas para llegar a fin de mes. Muchas familias se mantienen a flote gracias a la economía sumergida, difícil de cuantificar pero palpable para todos.

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha delegado en el País Vasco y Navarra la gestión de este ingreso en dichos territorios. El Boletín Oficial del Estado (BOE), que publicó este lunes la norma reguladora, abre la puerta a que el resto de comunidades como Andalucía firmen convenios con el I nstituto Nacional de Seguridad Social para participar en su tramitación a partir de 2021 . La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se ha mostrado dispuesta colaborar, pero solicita «celeridad, transparencia y seguridad jurídica con la puesta en marcha de esta prestación». En la Junta hay dudas sobre cómo va a combinarse con la renta mínima autonómica.

Lo farragoso de los trámites y la falta de un sistema informático adecuado provocaron una larga lista de espera en las resoluciones de la renta autonómica aprobada por el PSOE y Ciudadanos en 2018. La Consejería de Igualdad ha hecho cambios para agilizar el proceso, pero planea más ajustes para «desburocratizar los procedimientos y simplificar los requisitos que están dificultando el acceso ». En 2019, se presentaron 49.876 solicitudes, se han concedido casi 20.000 solicitudes y 2.841 ampliaciones de rentas de 2018. Todo ello ha permitido que se beneficien unas 55.000 personas (54.971). Fueron 40.979 en 2018. Las resoluciones favorables crecieron un 10% respecto a 2018.

Debido a la crisis sanitaria y económica del coronavirus, la Junta ha puesto en marcha un procedimiento extraordinario para aprobar las solicitudes de ampliación de la renta que se presenten durante el estado de alarma o que estuvieran en trámite de resolución desde el 30 de marzo.