Guerrero: «El sistema no lo monto yo, lo monta la Junta de Andalucía»

Guerrero ocupó el cargo entre 1999 y 2008, gran parte del periodo investigado en el caso ERE en cuya pieza política -es investigado en muchas más y entró dos veces en prisión provisional- se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

La Fiscalía le responsabiliza de crear o mantener un «procedimiento específico» con el que la Junta repartió durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles.

Se sienta en el banquillo junto a otros 21 exaltos cargos de la Junta, entre ellos quienes fueron sus jefes en la Consejería de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, y quien presidió los sucesivos gobiernos socialistas a los que perteneció, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con quien Guerrero coincidió durante su etapa como consejero de Hacienda.

En ese banquillo, además de los dos expresidentes, hay exresponsables de las consejerías de Empleo, Innovación, Hacienda, Presidencia, la agencia pública IDEA -a través de la cual se pagaban las ayudas con dinero de Empleo, según la Fiscalía para eludir la fiscalización previa-, el Gabinete Jurídico, la Intervención , y la mayoría basan su defensa en desconocer cómo se gestionaban las ayudas porque eran competencia del director de Trabajo.

En la entrevista, Guerrero asume que «el que firma es el que paga» y con su firma concedió 567 millones en ayudas, pero dice que usó «el procedimiento del que nos habíamos dotado en la Junta de Andalucía», que considera «absolutamente legal y transparente» .

Asegura que se basaba en la orden del Ministerio de Trabajo de 1995 que regulaba ayudas para prejubilaciones de trabajadores afectados por crisis empresariales sin posibilidad de reinserción y «daba libertad» a las comunidades «para concederlas», y que en Andalucía, un convenio marco del 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el ente público IFA (luego IDEA) «regulaba que existían las ayudas y cómo se iban a pagar».

«El convenio tiene la firma de Viera y Fernández, pero yo no sé quién lo redacta o quién decide que se haga, yo sé que a mí se me dice un día a partir de aquí este es el modus operandi. Pues ya está, sí bwana», afirma.

Guerrero defiende que en la Junta «había una política social tremendamente clara» de ayudar a quienes perdían su trabajo y a «empresarios que querían que sus empresas no se fueran a hacer puñetas y a partir de ahí se constituyó un sistema» para hacerlo que «lo decide la Consejería responsable de las ayudas, no el presidente» que «no es el niño de los mandados y no tiene que saber el trabajo que hacemos todos».

No obstante, ironiza con que «ahora nadie sabe nada» pues «que las daba la Dirección General de Trabajo y que se pagaban a través del IFA eso lo sabía todo el mundo», y el método como tal «se establece en la Consejería de Empleo o entre varias consejerías, se establece en el organigrama de los consejeros que se ven afectados por el tema» ya que las ayudas se otorgaron en sectores diversos.

Preguntado por el conocimiento que tenía el presidente Chaves, que en el juicio dijo saber que existían esas ayudas pero no cómo se daban, señala que «Don Manuel Chaves tenía en su cabeza un tema: que los problemas sociales de Andalucía se resolvieran, punto. Ahora el método, la forma, entiendo que el presidente piense que se respete la legalidad, pero ¿qué más tiene que saber?» . «No sé si lo sabían, lo que no quiero es responsabilizar a nadie de la gestión de una Consejería», subraya.

Las ayudas resolvían situaciones urgentes y ante los reparos de la Intervención de la Junta por usar al IFA para pagarlas y eludir la fiscalización previa, Guerrero alega que «firmaba las transferencias de financiación y sabía a qué iban destinadas, y la Intervención permanente del IFA sabía a dónde se iban los dineros».

«¿El interventor es Dios?», cuestiona Guerrero al preguntarle por sus reiterados avisos sobre lo «inadecuado» del sistema, y deja claro que había que resolver situaciones urgentes de trabajadores y empresas «que tienen que depender de este sistema, no de que a usted como interventor le dé lo mismo firmarlo hoy que dentro de cuatro meses» y que «eso el interventor lo podía entender o no».

No obstante, subraya que a estas ayudas se dedicó anualmente «el 0,3 % del presupuesto de la Junta», por lo que ve en el caso «una batalla política», y que el procedimiento «estuvo amparado por todos los presupuestos de la Junta, por el Parlamento y por el Consejo de Gobierno, que nunca nos puso pega nadie, incluso ni la Cámara de Cuentas».

Por esos mismos motivos sostiene que «las ayudas eran absolutamente públicas» y frente a las acusaciones de que al no publicitarse ni existir una normativa que regulara los requisitos sólo se enteraban allegados, amigos y el entorno del PSOE , asegura que las pedían «colectivos de la mano de los sindicatos, de los empresarios o gente que se había enterado individualmente».

«Las ayudas están ahí, que usted se entere o no es otro lío» zanja, tras negar que mirase la afinidad política de los solicitantes ni supiera quienes eran los socios de las empresas a las que dio dinero, incluso en los casos de exalcaldes socialistas como Ángel Rodríguez de la Borbolla o su exchófer, que recibió 1,4 millones para tres proyectos presuntamente sin actividad y que declaró que parte de ese dinero se gastó en «cocaína», y «fiestas y copas» para él y su jefe (ambos investigados por ello en otra pieza).

Guerrero no elude esta acusación que atribuye a una «inquina personal» y defiende que «ni he sido drogadicto» ni ha pagado de la «administración pública una copa en mi vida , o me la he pagado yo o me la han pagado los amigos».