Los grupos políticos elegirán por libre designación al interventor general del Parlamento de Andalucía

El pasado 10 de abril, la Mesa del Parlamento acordó convocar la plaza, creada hace tres años y que ocupaba el exletrado mayor José Antonio Víboras , ya jubilado. La fórmula elegida para darle cobertura es un procedimiento de libre designación, similar al que se puso en marcha hace dos años para seleccionar a tres letrados de la Cámara, lo que generó ciertos recelos porque anteriormente estos procesos se hacían bajo la supervisión de un tribunal profesional.

Fuentes de la Presidencia del Parlamento explicaron que se trata de cubrir una plaza y que la libre designación es el método habitual de acceso en el cuerpo de interventores de la Administración autonómica. Es un puesto muy codiciado, que lleva aparejado el cobro de un complemento específico de 41.322,82 euros .

Las normas de contratación del Parlamento de Andalucía establecen que la Intervención General del Parlamento estará a cargo de un interventor que «será nombrado por la Mesa entre los letrados de la Cámara a propuesta del letrado o letrada mayor ».

Sin embargo, el acuerdo de gobierno firmado por el PP y Ciudadanos incluía, entre sus 90 medidas, cambiar la fórmula de acceso de estos puestos para garantizar «la independencia funcional» . El acuerdo abogaba por que «el interventor general de la Junta de Andalucía y los interventores adjuntos, delegados y provinciales serán elegidos preferentemente por concurso de méritos».

El proceso está muy avanzado. El órgano de gobierno de la Cámara donde tienen representantes todos los grupos políticos, terminó la pasada semana con la ronda de entrevistas a los aspirantes . Es posible que la Mesa apruebe el nombramiento el próximo día 24, en la última sesión antes del cierre del curso político en agosto.

Entre los candidatos que se han presentado, se encuentran interventores de la Junta con dilatada experiencia, auditores de la Cámara de Cuentas , miembros del cuerpo de inspectores de la Consejería de Ordenación del Territorio y también una interventora accidental, sin la habilitación nacional, que, según ha podido saber ABC, presta sus servicios en el Ayuntamiento onubense de La Palma del Condado.

Desde el Parlamento andaluz especifican que el letrado mayor de la Cámara ha estado presente en las entrevistas de los candidatos que han participado. Las bases especifican que se requiere una experiencia mínima de cinco años en tareas de gestión económica , fiscalización, intervención y control del gasto público.