El Gobierno de Pedro Sánchez abandona a Susana Díaz en la gestión de los menores inmigrantes

Según datos del Ministerio de Sanidad , que es el que coordina la gestión de la inmigración de los menores no acompañados (conocidos como menas), en 2018 han llegado a las costas españolas 11.174 jóvenes inmigrantes . Eso es un 134,74 por ciento más que en todo 2017. Andalucía se lleva el grueso. Según reconoció la ministra del ramo, María Luisa Carcedo, la comunidad acoge al 50 por ciento de todos los menas que hay en España, 5.621 menores. Puesto en perspectiva, esa cifra significa que cada día llegan a Andalucía 20 niños inmigrantes. Hasta 624 al mes. Una presión enorme para el sistema asistencial andaluz.

Por su parte, en Cataluña, Madrid, Melilla y el País Vasco tienen unos 1.000 menas cada una. Precisamente el País Vasco fue una de las pocas comunidades que pidieron abiertamente el reparto de menores inmigrantes. Pero no para acoger, sino para que el resto de España asumiera algunos de los que tutela. En el otro extremo esta Canarias, que tiene unos 140 y Extremadura, que solo acoge a cuatro menas y ha ofrecido a recibir a entre 18 y 20 inmigrantes menores de edad de otras comunidades autónomas .

Que los datos suponen una tragedia humana y un problema mayúsculo es algo que no niega nadie. Ni el Gobierno, ni la Junta, ni las ONG. Pero aún así, no hay acuerdo en la gestión de este asunto que tiene colapsados los centros de acogida andaluces, donde el 70 por ciento de las plazas ya las ocupan los menas , según explicó la propia Junta este verano.

El Gobierno de Pedro Sánchez convocó a las comunidades autónomas el pasado 5 de septiembre a una mini cumbre sobre los menas. De ese encuentro, al que acudió la consejera de Igualdad y Asuntos Sociales, María José Sánchez Rubio, salió un compromiso del Ejecutivo central: abrir un plazo de dos semanas para que los Gobiernos regionales se apuntaran a acoger menas de las comunidades saturadas como Andalucía y repartir 40 millones de euros entre las autonomías para aliviar la presión de la asistencia a los menores.

El primer plazo se amplió otra semana sin que el Gobierno de Sánchez pueda confirmar alguna solicitud para el reparto de un solo inmigrante. Habiendo pasado ya el límite del 1 de octubre (segunda fecha tope para dar solución al problema), el Ejecutivo central ha incumplido ambas promesas: ni ha repartido a los inmigrantes ni ha repartido el fondo de 40 millones. Mientras, las pateras siguen llegando.

El problema con los menores por el que la Junta pide ayuda a Madrid es de tal calado que el Gobierno de Susana Díaz reconoce colapsos «puntuales» de los centros de acogida. Las ONG, por su parte, hablan de «colapso general», sin paños calientes.

Hasta el Defensor del Menor, Jesús Maeztu , ha tenido que intervenir en el asunto y, desde la semana pasada, se reúne con las organizaciones que trabajan con los niños , con los empleados de los centros de acogida y también con las instituciones públicas. El objetivo, explican desde su equipo, es tener un plan sobre la mesa en un par de semanas porque el tema, asegura, provoca «preocupación».

En la Oficina del Defensor recogen, además, las denuncias de varios colectivos. Les han llegado de los trabajadores de los centros de acogida, que soportan en primera línea de batalla la saturación de las infraestructuras; de la Policía Local de algunos municipios donde los menores vagan por las calles; de las ONG por las condiciones en las que viven los menas...

Desde la Junta reclaman «solidaridad» del resto de España con un problema que, repiten, no es solo de Andalucía , sino del resto del país y de Europa. «La mayoría de las pateras con menores llegan a Andalucía por Cádiz, Granada y Almería», explican. «Y los centros de acogida no se construyen solo ahí, sino en todas las provincias por un principio de solidaridad. La misma solidaridad que pedimos al resto de España», indican.