El Gobierno del cambio no podrá renovar hasta cinco órganos clave en la Junta de Andalucía

La clave de esta situación es sencilla: se necesita acuerdo político mayoritario en el Parlamento y en la X Legislatura que acaba de terminar, ni el PSOEde Susana Díaz ni el PP de Juanma Moreno estaban interesados en abrir la caja de Pandora a pesar de las protestas de Ciudadanos y Podemos que denunciaban una y otra vez la vulneración de los derechos democráticos de los andaluces ya que no contaban con representantes en los mismos. Las urnas habían dicho una cosa en 2015 y los diferentes consejos de estos órganos reflejaban la representatividad del año 2012.

Ahora las circunstancias son diferentes porque los perjudicados son dos partidos que sí ostentan poder, Ciudadanos que está en el Gobierno, y Vox que ha firmado un pacto de investidura con Juanma Moreno. Claro que el acuerdo de estas tres fuerzas políticas no es suficiente. Según las respectivas leyes que regulan estos órganos es necesario el voto favorable tres quintos de los diputados para renovar su composición. Esto significa que 66 diputados de los 109 que conforman el Pleno del Parlamento andaluz deberán ponerse de acuerdo para aprobar los nombres de los nuevos consejeros.

Esta exigencia de mayoría cualificada obliga a pactar, como mínimo, entre cuatro partidos. Porque el PP, Ciudadanos y Vox suman 59 escaños, por lo que necesitan al menos 7 diputados más de alguno de los demás grupos, PSOE o Adelante Andalucía, para aprobar la renovación de estos órganos. En la práctica, resulta muy difícil pensar que alguno de estos dos partidos se preste a esta posibilidad. Así, tendrán que negociar un acuerdo para consensuar los nombres que conciten los suficientes apoyos entre los partidos de la Cámara. Será una de las primeras tareas que tengan sobre la mesa los portavoces parlamentarios del PP, Loles López, y Ciudadanos, Sergio Romero, quienes deberán liderar las conversaciones con sus homólogos del PSOE, Mario Jiménez o tal vez Manuel Jiménez Barrios, y Adelante Andalucía, Antonio Maíllo.

El Consejo de Administración de Canal Sur tenía que haberse renovado en 2014 ya que sus consejeros se eligieron en 2008 y los mandatos están establecidos en cinco años. Es más, el órgano que vela por el funcionamiento de la radio y televisión públicas no está ni siquiera completo. Según la ley, debería contar con 15 miembros pero dimitieron su presidente, José Moratalla, y su director general, Pablo Carrasco, por lo que Joaquín Durán pasó a ocupar ambos cargos de forma interina tras un acuerdo entre PSOE y PP.

Ciudadanos firmó con el PSOE un acuerdo para reducir el número de miembros de este órgano y pasar de 15 a siete miembros, lo que llevaba aparejado un ahorro de 700.000 euros al año en sueldos y dietas. Ni en la web de la RTVA ni en la de la Junta se explican los sueldos de estos cargos . Lo que sí se sabe es que Canal Sur tiene un presupuesto de 162 millones para 2018, de los cuales 140 son transferencia directa de la Junta. Canal Sur cuenta con 1.462 trabajadores que cobran 87 millones de euros al año.

Una de las primeras medidas del Gobierno de Moreno ha sido pedir a la Cámara de Cuentas un informe sobre la Agencia Pública Empresarial de Ratio y Televisión de Andalucía y la sociedad mercantil Canal Sur Radio y Televisión S.A. que analice la eficacia y eficiencia de este servicio público.

En una situación similar a Canal Sur está el Consejo Audiovisual, el organismo que tiene encomendado velar por que los medios audiovisuales cumplan con las normas éticas y respeten la pluralidad informativa. Debería tener once miembros pero sólo hay nueve ya que uno ha fallecido y el otro dimitió para ocupar un cargo en el Gobierno andaluz saliente .

La consigna política aquí, del PSOE y también del PP, ha sido no tocarlo por lo que tampoco se ha llevado al Parlamento una propuesta de renovación. Sus miembros se eligen por mandatos de cinco años y pueden ser reelegidos una sola vez, con lo que los actuales consejeros que siguen trabajando están vulnerando la ley ya que llevan tres años de más con prórrogas que, por el momento, no tienen fecha de caducidad.

La Defensoría del Pueblo Andaluz tiene encomendado un importante papel que le otorga nada menos que el Estatuto de Autonomía , «la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución y en el Título I del Estatuto, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las administraciones». Es decir, es el único órgano no judicial con competencias suficientes para corregir o enmendar la actividad del Gobierno andaluz, así como la del resto de entidades e instituciones elegidas por los ciudadanos en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza.

Esto significa, además, que es obligatorio responder a los requerimientos de información o de actuación que haga esta oficina a cualquier administración pública y hacerlo en los plazos legales establecidos para ello, si bien este último precepto no siempre se cumple. Además, puede realizar actuaciones de oficio sobre las quejas que le llegan de los ciudadanos si estima que hay necesidad de ello. Así, una de las últimas actuaciones del Defensor del Pueblo ha sido la referida al pago de las ayudas al alquiler concedidas por la Junta de Andalucía. La oficina recibió un gran número de quejas en este sentido y Jesús Maeztu ordenó una investigación que mostró un caos en estas ayudas y obligó a la Junta a cambiar el modelo de concesión para hacerlas más ágiles y eficaces para su beneficiarios.

Para preservar su independencia, sus cargos se renuevan cada cinco años y se elige al Defensor del Pueblo, que tiene también las competencias de Defensor del Menor, y a tres adjuntos que lo ayudan en su tarea. En junio de 2018 expiró el nombramiento de Jesús Maeztu como Defensor del Pueblo pero en este caso tampoco los grupos del Parlamento se pusieron de acuerdo para proponer un nombre de consenso. Ahora el nuevo Parlamento tendrá que abordar su renovación o el mantenimiento del mismo Defensor así como pactar los nombres de las tres personas que serán sus adjuntos.

Dos de los tres adjuntos actuales, Luis Pizarro Fernández (propuesto por IU) y Juana Pérez Oller (propuesta por el PSOE) llevan nombrados desde 2013 mientras que el seleccionado por el PP , Jaime Bretón Bresnier , tomó posesión de su cargo en 2017 tras sustituir a Carlos del Barco, también propuesto por el PP y quien fue elegido en 2013.

Si el Defensor del Pueblo es relevante a nivel político, la Cámara de Cuentas lo es desde el punto de vista económico. Es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, las entidades locales y del resto del sector público autonómico.

Su sistema de elección es algo más complicado que el del resto de órganos ya que cuenta con siete consejeros que se renuevan de manera escalonada. Es decir, cada tres años debe haber renovación de cuatro de ellos y pueden ocupar sus cargos por un máximo de seis años. El presidente es elegido por los consejeros . También en este caso, no ha habido acuerdo político para presentar una propuesta lo suficientemente consensuada en el Parlamento .

Concebido como una suerte de Consejo de Estado, PP y Ciudadanos están decididos a eliminarlo ya que consideran que su tarea no es relevante. Sin embargo también está en el Estatuto de Autonomía por lo que su supresión obligaría a modificar el Carta Magna autonómica, un proceso también complejo y largo.

Según la ley que lo regula, es preceptiva su consulta en las leyes, decretos o litigios con el Ejecutivo de la nación, por lo que puede convertirse en un obstáculo incómodo para cualquier Gobierno andaluz. Desde el año 1993, cuando se desarrolló la ley que lo regulaba y se puso en marcha, todos los ejecutivos andaluces pactaron en el Parlamento su composición, si bien no es necesaria una mayoría parlamentaria como en los casos anteriores ya que se aprueba por decreto.

Pero Susana Díaz rompió esa costumbre hace ahora justo un año . En enero de 2018, la entonces presidenta andaluza renovó de manera unilateral a varios consejeros, construyendo un Consultivo a su medida. La decisión pilló por sorpresa a los consejeros cesados —entre ellos uno a propuesta del PP— y terminaba con una polémica entre este consejo y el Ejecutivo de Díaz al que había obligado a rectificar la Ley de Formación Profesional.

Con esta maniobra, el Consultivo está ahora blindado ya que sus consejeros renuevan cada 5 años y pueden repetir una sola vez , por lo que ni el nuevo Gobierno andaluz ni el Parlamento pueden modificar este órgano en el que está, por ejemplo, Mar Moreno, quien fue número dos del PSOE andaluz. Una curiosidad. Su presidente, Juan Cano Bueso , no tiene límite de renovación y es, de hecho, el cargo público que más años lleva en la Junta.