Gaspar Zarrías pide su absolución ante el Supremo atacando a los jueces del caso ERE

A este magistrado le recrimina que actuó en contra de los encausados y remando a favor de las acusaciones. Por último, la defensa de Zarrías reprende al tribunal sentenciador por utilizar «teorías conspirativas», argumentos de «suflé», «elucubraciones», indicios «imaginarios» , «prejuicios e insinuaciones» para sostener que «conocía o estaba al tanto» del sistema ilegal de ayudas que repartió 679 millones de euros durante una década. El fondo se creó con el objetivo de sofocar conflictos laborales y preservar la paz social en Andalucía durante los gobiernos del PSOE.

En su recurso de casación, al que ha tenido acceso ABC, el exvicepresidente andaluz, condenado a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación , esgrime defectos de forma y de fondo que resume en dos infracciones legales y otras dos vulneraciones constitucionales.

El escrito de 40 páginas firmado por los abogados Gonzalo Martínez Fresneda y Carlos López-Keller Alvárez , comienza defendiendo que la instructora predeterminada por la ley era María Núñez Bolaños, pero «decidió que iba a dejar de serlo» y llegó a un «acuerdo privado» con su juez de refuerzo para cederle la investigación de la pieza política del caso. Alega que fue una «decisión arbitraria», no motivada y hasta «inquietante» que a la postre le acabó perjudicando.

En el recurso pide la nulidad de todas las actuaciones amparándose en este supuesto defecto formal , a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respaldó este reparto de tareas y el tribunal rechazó que se viera vulnerado ningún derecho constitucional por esta razón durante el juicio.

Zarrías arremete contra el juez Álvaro Martín, que dictó el auto de procesamiento , por incluir un supuesto delito de asociación ilícita a instancias de la acusación ejercida por el PP o cerrar la investigación sin que la instrucción estuviera concluida. Le reprocha que ha atentado contra su derecho como encausado « mostrando un indisimulado sesgo favorable a las acusaciones ».

Los tres jueces de la Sección Primera de la Audiencia también son blanco de sus dardos. Les echa en cara que dicten su condena sobre «una gigantesca construcción de equívocos , sólo enmarañando prejuicios e insinuaciones» a lo largo de las 1.821 páginas de la sentencia.

Los jueces sostenían que los cargos condenados falsearon las cuentas andaluzas para incluir una partida opaca y permitir que los fondos se pudieran destinar a fines ajenos al interés público. Los letrados de Zarrías, en cambio, afirman que tanto las modificaciones presupuestarias como los presupuestos que aprobó eran «conformes a la ley» y que no concurren en los hechos declarados probados elementos objetivos y subjetivos del delito de prevaricación».

«No conoció en ningún momento el sistema pactado entre la Consejería de Empleo y el IFA (agencia IDEA) para la concesión de ayudas ni, desde luego, supo que tal sistema se financiara de foma ilegal (¡aunque se financiara conforme a la Ley de Presupuestos!)», señalan sus abogados. Es más, « aunque admitiéramos que lo conoció, ello no le haría responsable de delito alguno », afirman para sostener que se vulneró el artículo 24.2 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la presunción de inocencia.

El hombre que más poder aglutinó en la Junta después del expresidente Manuel Chaves , condenado a la misma pena, concluye que el tribunal dictó una «sentencia injusta» contra él «sin hechos punibles que merezcan tal nombre y sin pruebas que lo respalden» y que « no tiene conocimientos financieros específicos y jamás ha oído hablar de las transferencias de financiación», una herramienta que agilizaba los pagos a las empresas pero sacrificaba el control del dinero público.

Sus abogados reconocen que Zarrías «trabajó para llevar a Jaén nuevas empresas». En relación al expediente de ayudas de Hamsa (antigua Cárnicas Molinas) , con cuyos trabajadores se reunió (como revela la fotográfica que ilustra esta información), aseguran sus abogados que el señor Zarrías «no es mencionado ni una sola vez». Niegan que tuviera competencia ni conocimiento ni facultad alguna en la concesión de ayudas.

En el juicio, alegan, «no se llegó a practicar ninguna prueba en que fundar el supuesto conocimiento de la flagrante ilegalidad del procedimiento» y se escuda en que actuó «con el aval del interventor general de la Junta» Manuel Gómez , que fue absuelto.

El recurso también niega que hubiera «una mano negra» que retirara del orden del día del consejillo , presidido por Zarrías, un decreto para regular el sistema de concesión de ayudas. Dicho «decreto fracasado», alega, fue promovido por la Consejería de Empleo y se descartó darle trámite tras recabar informes técnicos y jurídicos. Por tanto, niega que « hubiera un interés oscuro en que el decreto no se aprobara ». «La realidad no tiene nada que ver con estas teorías conspirativas», apunta.