La fundación Faffe de Andalucía cargaba el gasto en clubes de alterne a la partida de 'relaciones públicas'

Durante seis años, entre el 20 de octubre de 2004 y el 23 de marzo de 2010, el máximo responsable de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que fue secretario de Empleo del PSOE andaluz cuando Manuel Chaves era secretario general, efectuó hasta 43 pagos en quince días diferentes en prostíbulos ubicados en Sevilla, Córdoba y Chiclana, en Cádiz.

En sus ocho años de vida, la Faffe dispuso de un presupuesto de 828 millones de euros, de los que se gastó 10.726.755,80 euros en Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas . Según la resolución provisional, realizada con aportaciones que han hecho llegar a la comisión los grupos políticos, la entidad manejaba una «cantidad exorbitante» para tales conceptos «en los que se imputaban las famosas tarjetas de la Faffe y de la que debió de salir el pago de los prostíbulos a su director general, Fernando Villén».

La Fiscalía Anticorrupción pide para el ex alto cargo seis años de prisión y otros tanto de inhabilitación especial como presunto autor de un delito continuado de malversación en concurso con un delito de falsedad en documento oficial.

El dictamen final se llevará al Pleno del Parlamento andaluz a finales de abril . Previamente, el texto propuesto de 147 páginas, al que ha accedido ABC, deberá pasar el primer filtro de la comisión de investigación. Los grupos políticos, PSOE, PP, Cs, Vox y Unidas Podemos, tienen 15 días para formular sus alegaciones, que se votarán para elaborar la resolución definitiva.

La Faffe estuvo funcionando desde 2003 a 2011, en la etapa de gobierno del PSOE . Ex altos cargos y directivos del organismo autonómico están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por enchufismo y desvío de fondos públicos que debían haber servido para formar a desempleados de Andalucía, la comunidad con más parados de España.

Durante su declaración en el juzgado en octubre de 2018, Villén encuadró su presencia en los burdeles que visitaba dentro de la «actividad comercial» que desarrollaba con «amigos y conocidos» para atraer ingresos a la Faffe. El ex alto cargo atribuyó los abonos a una «confusión» con su propia tarjeta de crédito. Tras percatarse del error, declaró que repuso el dinero a la entidad pública. La Guardia Civil no le cree y asegura que la Faffe disponía de una «contabilidad paralela» que permitía que el dinero que Villén ingresaba a la entidad para devolver los gastos efectuados con tarjetas en los clubes retornara luego a su bolsillo a través de «gastos no justificados y supuestamente simulados» de operaciones comerciales y comidas de trabajo, para «cuadrar» así los arqueos de las cajas.

Los partidos discrepan al situar el listón de las responsabilidades políticas por las irregularidades. El borrador del dictamen enviado a los grupos parlamentarios reproduce la propuesta realizada por Ciudadanos (Cs), que responsabiliza a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves por «el caos organizativo al que sumieron la Administración». Siguiendo el esquema del partido liberal, el dictamen deja fuera del listado de culpables políticos a la sucesora de ambos, Susana Díaz, a quien Cs prestó apoyo parlamentario en la anterior legislatura.

El PP, que desde 2019 gobierna en coalición con el partido de Juan Marín, disiente. Asegura que la expresidenta de la Junta «no colaboró» con los jueces cuando éstos requirieron documentación a la Junta ni tampoco tramitó la devolución de las ayudas mal empleadas. La resolución también responsabiliza a Villén, a los consejeros de Empleo que integraron el patronato de la entidad y a «todos los que consiguieron para ellos mismos y/o amigos una nómina en la Faffe» por su influencia política, a los que cataloga como «presuntos enchufados». La mayoría sigue trabajando para el Servicio Andaluz de Empleo cobrando «mucho más» que los funcionarios de la Junta.