En la fundación de empleo Faffe se usaron «tarjetas black»

Mestre insitió en que la presidenta de la Junta debe «colaborar con la justicia» y aclarar «cuántas tarjetas opacas hay en la Junta de Andalucía; quiénes tenían esas tarjetas; y qué gastos se han pagado con ellas». La vicesecretaria del PP-A explicó que la UCO reclamó esos datos en junio de 2017, y que la juez, a instancias de la Fiscalía, lo reclamó el pasado mes de noviembre. En marzo de este mismo año, la Fiscalía lo ha tenido que volver a recordar porque la documentación todavía no ha llegado al juzgado, según informa el PP-A en una nota.

«A pesar de que, desde hace años, el PSOE asegura que no ha habido ni hay tarjetas en la Junta de Andalucía, resulta que en la fundación Faffe, investigada por amaños de contratos y enchufismo, sí había tarjetas de crédito . Y resulta que la UCO y la Fiscalía Anticorrupción llevan casi dos años intentando averiguar qué se hacía con esas tarjetas», apostilló Mestre.

La dirigente del PP expresó la «enorme preocupación» del PP ante la «gravedad de estos hechos», que, según abunda, se enmarcan en la investigación que la Justicia está realizando para aclarar dónde ha ido a parar el dinero de la Faffe. Sólo entre 2007 y 2009, la fundación recibió 135 millones en subvenciones de la Junta , indica el PP-A. Asimismo, Ana Mestre recordó que el Partido Popular está personado en esa causa, sobre la que ha alertado de la «lentitud» y la «falta de colaboración de la Junta de Andalucía».

Según detalló el PP-A, en el transcurso de su investigación, la UCO ha descubierto que la Faffe tenía al menos 13 cajas con fondos en metálico para financiar gastos; en concreto, cuatro cajas en la sede central de la fundación y una caja en cada una de las nueve gerencias. Por ello, la Guardia Civil solicitó a la juez en julio de 2016 que reclamara a la Junta toda la documentación relacionada con la gestión de esos fondos (tickets, facturas, estadillos o saldos). Desde el PP-A agregaron que, tal y como consta en el oficio remitido por la UCO a la juez, existe «la duda más que razonable» de que haya habido «una simulación contable» para justificar un posible desvío de fondos públicos. La Fiscalía Anticorrupción también pidió a la juez que accediera a la petición de la UCO.

En este sentido, Mestre explicó que, «casi dos años después, la UCO aún no ha recibido esa información porque el juzgado no ha atendido aún la solicitud de los agentes». Entre las solicitudes que la Fiscalía, la Guardia Civil y la juez están requiriendo a la Junta de Andalucía también están las auditorías que las empresas Deloitte y ATD hicieron de la gestión de la Faffe.