Los funcionarios piden por carta a Juanma Moreno que desmonte ya la «administración paralela» de la Junta de Andalucía

Con esta munición jurídica, la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública ha enviado sendas cartas al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), y a su vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), en las que solicitan que devuelvan a las consejerías de la Junta y a los funcionarios «la gestión ordinaria de la actividad pública» que había dejado en manos del personal de la llamada «administración paralela».

«Esta es la única forma real de garantizar a los ciudadanos que las potestades públicas las realiza exclusivamente el personal funcionario » de las consejerías, «sin necesidad de intermediarios ni entes instrumentales interpuestos», señala en sus misivas esta asociación que ha presentado decenas de recursos contra la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz aprobada en 2011.

En las cartas remitidas el pasado 8 de febrero, el colectivo insta a los máximos responsables del Gobierno bipartito a restablecer «sin demora» los «controles de Derecho Administrativo que previamente eliminó el PSOE». La norma que los sindicatos denominaron como «ley del enchufismo» supuso la integración de más de 23.000 trabajadores de empresas públicas en nuevas agencias.

La reforma, que sacó a la calle a miles de funcionarios, empezó a fraguarse en el año 2010 a través de un decreto ley, que meses después tomó cuerpo como ley.

Defiendo mi Derecho lleva nueve años batallando contra esta norma que, a su juicio, «constituye un ejemplo» de « huida del Derecho Administrativo » porque delega tareas administrativas en personal que accedió a un empleo público «sin haber realizado proceso selectivo constitucional alguno».

En la actualidad, hay 27.304 personas trabajando en el entramado de empresas públicas , agencias, fundaciones y consorcios, según un documento difundido por el Ejecutivo de Susana Díaz durante el traspaso de poderes a Moreno. Son 23.899 si se tiene en cuenta la cifra que aparece en los presupuestos prorrogados de la Junta de Andalucía. La ley atribuye «la gestión ordinaria de las funciones administrativas a entes instrumentales, agencias públicas empresariales, regidos fundamentalmente por derecho privado», explican.

El TS ve «con preocupación» el riesgo de que este personal intervenga en la tramitación de expedientes. Pero secunda las tesis del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha mantenido, a través de distintos fallos, que no es la ley en sí, sino los actos concretos realizados por cualquier otra persona que no sea funcionario los que estarían viciados de ilegalidad.

La controvertida reordenación fue recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por el PP cuando estaba en la oposición. En noviembre de 2015, el TC avaló la reordenación autonómica, pero la sentencia no fue unánime. Dos magistrados emitieron un voto particular con la tesis de que la Junta había elaborado un «traje a medida».

El colectivo de funcionarios insta al nuevo gobierno a revertir el modelo diseñado por el PSOE para garantizar « la neutralidad de las actuaciones públicas y la seguridad jurídica de los ciudadanos». Uno de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo es aprobar una nueva Ley de la Función Pública.

La atribución de tareas propias de funcionarios a la «administración paralela» ha dado pie a una docena de macrocausas en los juzgados que, recuerdan, tienen como hilo conductor el «menoscabo de fondos públicos y fraudes generalizados»: ERE, Formación, Invercaria, Santana, Avales de IDEA y Fondos Jeremie , entre otras.