La Fiscalía recurre otro archivo exprés del caso ERE por parte de la juez Núñez Bolaños

La magistrada, en auto fechado el 31 de enero, acuerda el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones respecto a los investigados Manuel Enrique Rodríguez Contreras , exdirector provincial del IFA en Sevilla, y Rogelio Becerra Martín , directivo de empresas beneficiarias de ayudas presuntamente irregulares. Se trata de la pieza de la Sierra Norte referida a ayudas a cinco empresas ligadas al sector del corcho: Cortansa, Corchos de Cazalla, Enoword y Servicios y Mantenimientos de Cazalla de la Sierra y Corchos Higuera.

Fiscalía y acusación de la Junta se oponen al sobreseimiento en el caso de Rodríguez Contreras en virtud del atestado realizado durante la investigación por la Guardia Civil, en la que se asegura que Rodríguez Contreras «convino» tres ayudas con el empresario y exalcalde de Cazalla Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla . La magistrada considera que no se pude determinar de qué declaración o hechos concretos extrae la Benemérita esa conclusión pues no existe ninguna de la que se infiera el «convenio» señalado.

Los fiscales, en su recurso, expresan a la juez Núñez que «en modo alguno han puesto de manifiesto que el Sr. Rodríguez Contreras hiciera un convenio... Lo que se viene a poner de manifiesto en este procedimiento es que el señor Rodríguez Contreras , en su calidad de delegado provincial del IFAy prevaliéndose de su cargo convino, según definición de la RAE, es llegar una persona con otra a un acuerdo sobre cierto asunto, –apuntan los fiscales– con el señor Rodríguez de la Borbolla que sería beneficiario de tres ayudas por el señor Guerrero, cuando era director de Trabajo».

La Fiscalía recuerda a la magistrada que en la declaración del propio exalcalde éste reconoció que Rodríguez Contreras se quedó con diversa documentación, que le volvió a informar de las ayudas y concertó la cita con el director general en el que se acordaron las ayudas. Para los fiscales no hay duda de que, aprovechando su puesto en el IFA y su vínculo de amistad con el consejero, Rodríguez Contreras acordó con el empresario que recibiría más ayudas y realizó las gestiones necesarias.

Con respecto a Rogelio Becerra, la juez alega errores del atestado para asegurar que no mantenía cargo alguno en las empresas cuando las ayudas fueron concedidas. Para la Fiscalía el investigado continuaba, de facto, ejerciendo funciones en las empresas objeto del procedimiento y que de las diligencias practicadas y la documentación que adjuntan en el recurso puede concluirse su participación en las empresas y ya no solo sus conocimiento sino el beneficio que el mismo obtuvo de las ayudas concedidas a esas empresas del corcho obtenidas prescindiendo de cualquier procedimiento legal establecido.