La Fiscalía pide cárcel para beneficiarios de ayudas ilegales del caso ERE en Andalucía

En las dos primeras piezas, los acusados son responsables de las empresas que recibieron los fondos públicos mientras que en la pieza de la firma sevillana Fabricantes de Encimeras para Europa , se abre juicio contra un empresario, Carlos M. C., y el exdirector general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera Gómez.

En esta última causa abierta en 2018, la Fiscalía Anticorrupción incrimina al ex alto cargo por supuesta falsedad documental, además de los delitos de prevaricación y malversación . Tanto el PP andaluz, que ejerce la acusación popular, como el Ministerio Público solicitan para este ex responsable de la Consejería de Empleo una pena de 4 años y 6 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación absoluta. La misma pena pide para el empresario. A instancias de la Fiscalía, el juez instructor requiere que cada uno de ellos deposite en el juzgado fianzas por importe de 58.000 euros (los 37.500 euros más los intereses de demora) «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponerse». Serán apercibidos en el caso de no prestar la fianza y «se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».

En el escrito de acusación presentado por los letrados de la Junta de Andalucía, la principal afectada por los daños y perjuicios causados con el fraude de los ERE , rehúsan pedir una fianza de responsabilidad civil al ex alto cargo del Gobierno de José Antonio Griñán y se limita a pedirle el depósito al empresario. La Administración autonómica es más indulgente con Rivera Gómez y no le imputa un supuesto delito de malversación ni tampoco solicita pena de prisión para él. Solicita una pena de tres años y seis meses de inhabilitación especial.

Vilaplana también ordena la apertura de juicio contra Salvador M.B. para el que la Fiscalía y acusaciones piden 4 años y 6 meses de prisión por la ayuda concedida a Explotaciones Agrícolas Plantasur. En el auto de Tartessos Car S.L., el juez abre juicio contra Juan José G. D. , por mismos delitos (prevaricación y malversación). El Ministerio Fiscal pide 3 años de prisión.

Por otro lado, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha revocado otro auto de sobreseimiento dictado por la juez María Núñez Bolaños el 4 de febrero pasado contra dos empresarios investigados por las ayudas con cargo a la partida de los ERE que la Dirección General de Trabajo de la Junta concedió a dos empresas del grupo Pacsa: 100.000 euros para Piensos Andaluces Compuestos S.A. y 200.000 euros a Agropecuaria y Avícola S.A.